OTRO GOLPE AL ESTADO: EL DEFICIT TARIFARIO DE LAS ELECTRICAS

El Tribunal Supremo, en noviembre, dictó dos sentencias confirmando que el denominado ‘Déficit de Tarifa’ ha de ser financiado por las cinco Grandes Compañías Eléctricas.

Con nocturnidad y en pleno periodo veraniego el Gobierno esta preparando un Decreto con el cual permitirá a las Eléctricas financiar esta gran mentira económica creada artificialmente.

El Gobierno no respeta lo que ha dictaminado el Supremo.

Todo un golpe al sistema Democrático del País.

Las sentencias del Tribunal Supremo se han basado, para denegar lo solicitado por aquellas, en el beneficio obtenido por las Compañías Eléctricas con la compensación de los llamados Costes de Transición a la Competencia.

El Ministerio de Industria esta preparando un borrador con el cual va a permitir que las Compañías Eléctricas sigan haciendo lo que les venga en gana.

El Ministro Soria preservara el imperio de las citadas compañías asegurando su posición de fuerza oligopolistica.

El problema deriva hacía a quién se les va a obligar la gran estafa del déficit tarifario.

El Gobierno pretende que se repercuta a los ciudadanos en estos próximos 15 años.

Para ello las eléctricas venden sus sillones en los Consejos de Administración a unos precios considerables.

Estas operaciones vienen de antaño.

Determinados gobernantes se encuentran refugiados en esos sillones tras salir de la política.

Les compran su voluntad a golpe de talonario. Y dejan a la ciudadanía con una factura de la luz o de cualquier suministro imposible de asumir.

El galimatías en el que convierten la legislación relativa a estos suministros básicos es tal que ni los propios expertos se ponen de acuerdo.

Por ello se hace precisa una auditoría del sector eléctrico a fin de averiguar la realidad de los costos que se pretenden aplicar.

La Estafa del Déficit de Tarifa tiene los días contados.

Debiera de admitirse la Iniciativa Legislativa Popular que llevara al Congreso de los Diputados la Asociación ASECE consistente en un Proyecto de Ley que permita realizar una Auditoria al sistema energético para determinar que todo es un montaje político, organizado junto con las compañías eléctricas y los gobiernos para lucrase por encima del bien social que representa el consumo de la electricidad.

Los intereses entrecruzados hacen que la excesiva regulación del sector conviertan el sistema en un campo abonado al engaño y la pillería.


 No esta de más recordar que hasta el año 1997 el sistema eléctrico español estaba estructurado como un sistema regulado en el que el Gobierno establecía el precio de la electricidad, que remuneraba la totalidad de los costes incurridos (principalmente, generación, transporte y distribución de la electricidad) a un conjunto de compañías eléctricas.

La liberalización del sector se apoyo en la teoría internacionalmente aplicada de que la división vertical de actividades y su posterior reglamentación específica podrían conseguir introducir la competencia y aumentar la eficiencia conjunta del sector eléctrico. La división resultante fue de generación, transporte, distribución y comercialización.

En 1997, durante el primer Gobierno de Aznar, se promulgó la Ley 54/1997 de 27 de noviembre del Sector Eléctrico, como transposición de la Directiva 96/92/CE de 19 de diciembre de 1996, que liberalizaba el mercado eléctrico en España. Dicha ley sufrió posteriormente diversas modificaciones en virtud de la Ley 53/2002 de 30 de diciembre, de la Ley 24/2005 de 18 de noviembre y de la Ley 17/2007 de 4 de julio. Ha sido derogada mediante la nueva ley del Sector Eléctrico 24/2013 aprobada en diciembre de 2013 que, no obstante, mantiene la estructura básica del sector.

La estructura legal y comercial del sistema eléctrico español, a partir de dicha regulación, se basa en el reconocimiento de dos tipos de actividades:

1.- Actividades parcialmente liberalizadas (generación y comercialización) y,

2.- Actividades reguladas (transporte y distribución).

Las actividades libres pueden ser realizadas por cualquier agente en condiciones similares a cualquier otra actividad comercial.

Por otra parte, las actividades reguladas resultan de la existencia de un monopolio natural (transporte y distribución) y requieren de una autorización y supervisión administrativas específicas.

El término “mercado eléctrico” se refiere al conjunto de actividades libres, y está constituido por dos sectores principales:

A.- El mercado minorista (o comercialización) a los clientes finales.

B.- El mercado mayorista de la electricidad.

Existen cinco compañías que agrupan alrededor del 90% de las ventas o comercialización a clientes finales y alrededor del 60% de las ventas en el mercado mayorista. Dichas compañías son:

Iberdrola
Gas Natural Fenosa
Endesa
EDP – Energias de Portugal
E.ON


El mercado mayorista

El mercado de mayorista está constituido por una serie de mercados donde los “agentes de mercado” (productores de electricidad, distribuidores, comercializadores y consumidores cualificados) compran y venden energía eléctrica. Los productos negociados son extremadamente variados, incluyendo ventas de energía para todas las horas de un trimestre cerradas con medio año de antelación hasta transacciones para la energía de una hora específica cerradas con pocas horas de antelación.

Los mercados marginalistas inducen a que los generadores oferten su coste marginal de producción. Dicho coste se puede aproximar a menudo por el coste variable del generador. En el caso de un generador nuclear el coste es muy bajo (debido al bajo coste del combustible nuclear), por lo que también lo es su oferta. Un generador de carbón o de gas natural ha de hacer frente a un combustible más caro, lo que explica su oferta más elevada. Adicionalmente el elevado coste de parar o arrancar un reactor nuclear también contribuye a una oferta baja (es, en efecto, la diferencia entre coste variable y coste marginal). Las plantas de carbón nacional son ofertadas por Red Eléctrica de España según ofertas establecidas por el Ministerio de Industria. En cuanto a los generadores renovables y plantas de cogeneración han de presentar también ofertas, siendo los ingresos obtenidos en el mercado complementados por una remuneración específica administrativamente establecida. Las ofertas de las principales tecnologías renovables (energía eólica y fotovoltaica) se realizan a precio nulo. Adicionalmente existen ofertas de carácter instrumental que reflejan contratos bilaterales entre un comprador y un vendedor cerrados al margen del mercado organizado de OMIE.

El resultado de estos mercados es comunicado al Operador del Sistema, Red Eléctrica de España, para su ejecución. Puede no ser físicamente factible, ya que no tiene en cuenta ciertas restricciones físicas de operación. Las más relevantes se refieren a la posible falta de capacidad de transporte, que puede limitar la evacuación de energía de ciertas centrales específicas. El Operador del Sistema resuelve estas restricciones modificando el despacho de ciertos grupos de generación, en la cantidad mínima necesaria y al menor coste posible. Adicionalmente el Operador del Sistema necesita disponer de reservas de generación (generadores cuya producción pueda subir o bajar rápidamente si es necesario) que le permitan hacer frente a posibles contingencias (por ejemplo, la pérdida repentina de un grupo generador). Todos estos recursos posteriores al cierre del mercado diario y los mercados intradiarios se denominan Servicios de Ajuste. El Operador del Sistema se procura estos recursos mediante mercados. En dichos mercados hay un solo comprador (el propio Operador del Sistema) y tantos vendedores como generadores dispuestos a proporcionar estos Servicios de Ajuste.

De ahí que el sistema no se encuentre efectivamente controlado.


El mercado minorista: la comercialización

Son pocos los consumidores que adquieren su energía de forma directa en el mercado mayorista. La mayor parte de los consumidores lo hacen a través de empresas comercializadoras, que adquieren la energía en el mercado mayorista y les transfieren los costes regulados establecidos por la administración.

Así pues, la factura se establece de forma aditiva a partir de dos conceptos claramente diferenciados:

A.- El coste de la energía, que incluye además del coste de la energía propiamente dicha el de los Servicios de Ajuste, Pagos por Capacidad y otros costes de mucha menor entidad.

B.- Los costes regulados, que constituyen la llamada tarifa de acceso. Los principales conceptos que incluyen son los costes de las redes (transporte y distribución), los subsidios a las energías renovables, las anualidades del déficit eléctrico y otros costes de menor entidad. Suponen más de la mitad de la factura para un cliente doméstico medio.

La competencia en el mercado minorista se limita al primer concepto (el coste de la energía), al ser los costes de acceso una cantidad establecida por la administración

La legislación actual distingue dos tipos de clientes:

De forma general, todos los clientes pueden establecer contratos libremente con cualquier comercializadora, que incluirá las cláusulas comerciales (precios, condiciones de pago, etc.) que ambas partes hayan negociado.

Los clientes pequeños (potencia contratada inferior a 10 kW) pueden acogerse al llamado “Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor” (PVPC). Este precio se calcula a partir de la media de los precios horarios de la electricidad ponderados por el consumo del cliente. Adicionalmente se añade el coste de los Servicios de Ajuste del sistema. En el caso de no disponer de contadores horarios que hagan posible conocer este consumo se aplicará un perfil horario publicado por Red Eléctrica de España a la energía consumida durante el período de aplicación y medida por un contador sin discriminación horaria. Estos clientes han de contratar con un “Comercializador de Referencia”. Los más importantes son parte de las 5 grandes compañías citadas.


La tarifa de acceso

La tarifa de acceso o peaje de acceso es la parte del precio de la electricidad que cubre los costes regulados establecidos por la administración. Dichos costes han de pagar el coste de las redes de transporte y distribución, los subsidios a los generadores con remuneración específica (es decir, subsidios), las anualidades del déficit eléctrico, la compensación extrapeninsular y otros costes de menor entidad.[7] donde se negocian productos de corto plazo (para el día siguiente y durante el mismo día de negociación) y a OMIP[8] Durante los últimos años la recaudación por este concepto ha sido sistemáticamente inferior a los pagos comprometidos por la admisntración, lo que ha conducido a la aparición del llamado déficit de tarifa.

El principal concepto de coste son los subsidios a los generadores renovables y la cogeneración, que desde la aprobación de la ley del Sector Eléctrico 24/2013 figuran generalmente como “retribución específica”, y con anterioridad como “primas”.

Durante el año 2013 los subsidios a los generadores renovables y la cogeneración ascendieron a 9.842 millones de euros.
Los costes de distribución, 5.070 millones de euros.
Los costes de transporte suponen 1.597 millones de euros.
La anualidad del déficit eléctrico son 2.668 millones de euros.
La compensación extrapeninsular son 903 millones de euros.
Los pagos a la industria electrointensiva en concepto de interrumpibilidad suponen 749 millones de euros.
La moratoria nuclear supone 75 millones de euros.
Finalmente, existen otros conceptos de mucha menor entidad hasta alcanzar un total de 21.057 millones de euros.

Los costes se cargan a los consumidores de una forma muy heterógenea. Así, los grandes consumidores electrointensivos hacen frente a unos peajes muy reducidos (del menos de 1 c€/kWh) en comparación con los clientes domésticos (del orden de 10 c€/kWh).


Controversias

El suministro de la electricidad en España es un tema que ha generado y genera una notable controversia pública, donde los propios agentes del sistema (generadores tradicionales o renovables, comercializadores, asociaciones de consumidores, operadores del mercado o del sistema), asociaciones ciudadanas (empresariales, medioambientales y de otros tipos) y partidos políticos mantienen posiciones a menudo antagónicas. 

En primer lugar, existen posiciones contrarias al proceso de liberalización en sí, que sostienen que el antiguo sistema regulado existente antes de la reforma, o una variedad del mismo, era más eficiente que el actual sistema. 

Existen también críticas al mecanismo de fijación de precios mediante mecanismos marginalistas (es decir, que el precio lo fije la unidad de producción más cara cuya oferta haya sido aceptada). Este mecanismo es muy vulnerable al posible ejercicio del poder de mercado. 

En ambas criticas, y en otras, un tema subyacente es el posible ejercicio de poder de mercado. En España el control del poder de mercado es una tarea específicamente encomendada al regulador (la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, CNMC).

La concentración es excesiva y el ejercicio o riesgo de ejercicio de poder de mercado inaceptable.

Aunque, de nuevo, es un tema lógicamente diferente, a menudo se argumenta conjuntamente con lo anterior que las centrales nucleares e hidroeléctricas españolas están “amortizadas”.

Las cuentas de las compañías propietarias muestran que, en general, no lo están desde el punto de vista formal contable por lo que se hace precisa la correspondiente auditoría.

Por ello la discusión suele derivar a una sobre la “sobre-remuneración” de estas plantas durante el período regulado anterior a 1997 y/o durante el posterior período liberalizado.

Las compañías propietarias niegan que haya habido dicha “sobre-remuneración” y hablan más bien de una “infra-remuneración” que no permite recuperar el coste de las centrales. No obstante las sentencias del Tribunal Supremo no van en dicha dirección de la infra-remuneracion.

En otro sentido, se argumenta que las plantas renovables que han disfrutado subsidios públicos lo han hecho de forma que han sido “sobre-remuneradas”, lo que vendría a justificar recortes en dicha remuneración.

En particular, se suele señalar a la “burbuja fotovoltaica” de los años 2007-2008, en la que se instaló la mayor parte de la capacidad fotovoltaica actual, como ejemplo de “burbuja inversora” motivada por subsidios excesivamente generosos.

Los propietarios de estas instalaciones niegan que haya habido sobre-remuneración, mientras que denuncian cualquier reducción en el nivel de subsidios.

Todo ello da lugar al incremento de los costes regulados que es lo que pretende trasladar mediante la iniciativa legislativa del Gobierno a los consumidores a través del déficit de tarifa. 

En cualquier caso, las cinco empresas argumentan que la penetración masiva de renovables ofertando a precio nulo conlleva una reducción del precio mayorista de la electricidad y un deterioro de su posición el cual pretenden trasladar a los consumidores a través del citado deficit. 

En definitiva el precio de la luz, sobre estas bases, se pretende imponer y trasladar, clara y contundente, a los ciudadanos sin dar una respuesta adecuada a la verdadera problemática de la cuestión que es como se proyecta el futuro energético de nuestro país.

Fuentes: Asociación ASCECE; WIKIPEDIA, SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO.


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