EL INTERROGATORIO INQUISITIVO. MACROCAUSAS DE CORRUPCION: UNA HIPOTESIS DE PORQUE ALGUNOS IMPUTADOS NO DECLARAN.


EL DERECHO A DECLARAR.-

Todas las personas que se ven sometidas a un proceso penal tienen un derecho que es obvio. El de declarar. Responder a las preguntas que se le formulan sobre unos hechos.

Sin embargo, se ha escrito mucho más sobre el derecho a no declarar que sobre el que tratan estas líneas.

Parece como si el derecho a declarar se encontrara claramente determinado en todos su extremos y que el ciudadano se encontrara seguro si procede a emitir su versión sobre los hechos por los cuales comparece ante una autoridad policial o judicial.

Entiendo que la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en este sentido, es muy deficiente. Y la práctica, por dichas deficiencias conduce a intervenciones inquisitivas que son contrarias a los derechos fundamentales. 

En primer lugar, se tiene que destacar que el ciudadano cuando comparece ante una autoridad policial y/o judicial a declarar por un procedimiento penal se ve afectado, de alguna forma, en su derecho a la libertad personal. El mero requerimiento de comparecer ya es una limitación puesto que, de no acudir al llamamiento, en última instancia, se puede poner a la persona en situación de busca y captura.

Quizá más importante que esta limitación debida al requerimiento, sea el hecho de que cuando una persona comparece como imputada y no digamos ya como detenida, siempre parece tener sobre si la espada de damócles de una posible privación de la libertad de forma preventiva y provisional.

Esta situación genera un efecto psicológico determinante. El imputado o detenido provisionalmente cree que declarando va a eludir la privación inmediata de la libertad y, por ello lo hace, aún cuando ello le pueda perjudicar.

Y le puede perjudicar por que la práctica, ante una ley deficiente, ha generado comportamientos y situaciones que infringen los derechos de los ciudadanos que se encuentran.


 

EL ASESORAMIENTO LETRADO. EL DERECHO DE DEFENSA.-

La Ley que proviene de un sistema inquisitivo (en el que se inquiere la información al imputado o detenido) se ha reformado para intentar convertirla en una ley sustentada en un principio acusatorio (en el que son las acusaciones las que tienen que buscar las pruebas en contra del que tiene que declarar). Sin embargo, se ha conseguido a medias.

Sin un asesoramiento de un letrado realizado desde el principio, desde la fase policial, los derechos y las garantías dirigidas a un juicio justo se reducen pues el procedimiento comienza a girar sobre la base de la confesión del ciudadano que tiene que declarar sobre unos hechos que, de principio, desconoce como han sido investigados.

No obstante, desde la Sentencia del caso John Murray vs el Reino Unido de la Corte Europea de Derechos Humanos de 25 de enero de 1996 queda claro que el acusado, detenido, imputado tiene que recibir asistencia de letrado para que no se vea perjudicada su defensa.

Sin embargo, ante la policía, en España no se puede realizar el asesoramiento a la persona que tiene la posibilidad de declarar.

Es más, se producen situaciones previas que deterioran los derechos de cara al futuro del proceso.

La ausencia de lectura de derechos, las entrevistas informales con el detenido con anterioridad a la presencia del abogado a fin de obtener información o las posibles intervenciones de informadores subrepticios en los calabozos son infracciones del derecho a declarar, no sólo del derecho a no declarar, puesto que implican que el ciudadano exteriorice aquello que de estar correctamente asesorado no lo haría, o lo haría de forma diferente y que no le perjudicara.

La decisión de declarar o no declarar debe ser el fruto de un asesoramiento legal sopesado y previo al instante en que se levante el acta de la misma. Y, además, ese asesoramiento debe ser el fruto de la obtención de una opinión sustentada en la información que la investigación haya obtenido, sin que pueda privarse, de modo alguno, a la defensa del conocimiento de lo investigado. La información contenida en los atestados ha de ser puesta, de forma inmediata, a disposición de la defensa sin que se pueda seleccionar el momento de la entrega de la misma. Si no se realiza de este modo, este actuar supone una quiebra del derecho de defensa y del principio acusatorio pues coloca en una situación de desigualdad al detenido o imputado frente a la investigación o la acusación representada, en ocasiones, por la propia instrucción.


 

LA DECLARACION EN SEDE POLICIAL DEL DETENIDO.-

En sede policial, la práctica implica que la situación del ciudadano inmerso en una investigación, el investigado, bien sea en calidad de detenido, es decir, privado de libertad, o en calidad de imputado, compareciendo voluntariamente a requerimiento de la investigación, desconoce el contenido de la misma. En esta tesitura, poco puede defenderse el ciudadano.

El aparato de la investigación policial dispone de la facultad de preguntar sobre los hechos que ella misma ha investigado y tras, en ocasiones, no siempre, una breve exposición de los hechos, el ciudadano investigado puede dar su versión de los hechos o no declarar.

Es evidente que la situación cambia en función de si el ciudadano se encuentra detenido o simplemente imputado. Si se encuentra privado de libertad, la investigación policial debe de realizar sus pesquisas en el tiempo mínimamente indispensable, 24 horas, y disponer la libertad del investigado o su puesta a disposición judicial, en un plazo máximo de 48 horas más.

Pero, si el investigado se encuentra privado de libertad su tensión se incrementa en tanto en cuanto puede entender que es el paso previo para el decreto de su ingreso en prisión preventiva, con lo que puede llegar a la conclusión de que le pueda ser más beneficioso realizar una declaración.

Sin embargo, esta no siempre es la mejor decisión, puesto que, la puesta en libertad o no, no va a depender de la declaración en sede policial, sino del interés que la investigación tenga en que pueda eludir la acción de la justicia o pueda llevar a cabo la destrucción de material probatorio valioso para la investigación y siempre y cuando la pena que se le pueda imponer por el delito que se le impute sea superior a dos años. De este modo, si un ciudadano ha sido detenido por la comisión de un delito, aunque sea flagrante, si este no es un delito grave o es simplemente una falta aunque no declarara en sede policial nunca podría ser decretada su prisión provisional y tendría que ser puesto en libertad en el tiempo mínimamente imprescindible y sin necesidad de ser puesto a disposición judicial. No obstante lo anterior, la práctica conlleva a que el detenido sea puesto a disposición judicial a pesar de que el delito sea menor y no existan los riesgos precisados (destrucción de pruebas, falta de arraigo, elusión de la acción de la justicia).

Desconocedor de tal situación legal, por no serle informada de ella debidamente, ya que la propia ley no obliga a ello, el detenido se ofrece en la mayor parte de los casos a declarar como si estuviera mal visto el no hacerlo a pesar de que ello, declarar, le perjudique. Es evidente que pudiera no realizarse una correcta instrucción de derechos desde el principio por parte de los órganos del Estado y que ello es así debido a que con esta actuación se persigue un acomodo de la investigación a lo que el propio investigado pueda declarar dándole un valor trascendental al acto de la propia confesión o reconocimiento de los hechos. Es decir, se procura, se empuja al investigado, a que se realice una declaración que allane el trabajo la instrucción policial, de tal modo que, las diligencias de prueba se simplifiquen sobre la base de una confesión, excluyendo los elementos que puedan favorecer al investigado, para el futuro, en el proceso.

Es la colaboración con la justicia el argumento que sustenta la presión para que el ciudadano se vea obligado a declarar. Sin embargo, no es la colaboración con la justicia lo que motiva esta presión para que preste declaración. Es la colaboración con el allanamiento de la investigación que ve como el proceso se acomoda a la ausencia de otras comprobaciones, aunque usando el derecho a declarar, el ciudadano investigado niegue rotundamente los hechos.

En definitiva, el detenido en sede policial se puede sentir coaccionado a declarar sobre la base del desconocimiento de los hechos y de sus derechos y sobre la base de la imposibilidad de entrevistarse con su abogado el cual le puede indicar que no tiene porque declarar. Por ello se aventura, como mejor opción, la de no prestar declaración en sede policial.


 

LA DECLARACION EN SEDE POLICIAL DEL IMPUTADO NO DETENIDO.-

El imputado no detenido, en sede policial, tampoco conoce los hechos investigados. Tan sólo una breve exposición le permite tener un leve conocimiento sobre lo que posteriormente puede declarar. Sin embargo, también se le impulsa a la prestación de la declaración a fin de allanar el camino de la investigación, con los riesgos que comporta para su futura situación jurídico procesal y constitucional en caso de una declaración que no convenza a la instrucción.

En este supuesto, la situación en que se constituye el imputado no detenido se ve relajada por el hecho de que si es citado en calidad de imputado ya puede haberse entrevistado con el letrado de su elección y haber recibido un asesoramiento sobre sus derechos y sobre unos hechos que, aunque desconoce en el momento de su comparecencia, si puede haber recibido unas instrucciones dirigidas a no perjudicarse en su posición procesal.


 

LA DECLARACION EN SEDE JUDICIAL.-

La situación cambia cuando la comparecencia se produce ante el Juzgado. En este supuesto, lo primero a lo que que ha de procederse es a la información de los derechos que le asisten y los hechos que se imputan. A la persona detenida puesta a disposición judicial se le ha otorgado un conocimiento escueto y verbal por parte de la investigación policial. Sin embargo, con anterioridad al momento de la toma de declaración el letrado designado o de oficio debe tomar conocimiento porque reciba copia de las actuaciones al igual que le son suministradas al Ministerio Fiscal. Sobre estas actuaciones podrá tomar conciencia el letrado de los hechos que se imputan y, con ello, poder mantener la entrevista reservada. No obstante, aunque el letrado pueda informar de lo actuado a su defendido, es obligatoria la comunicación de los hechos imputados por parte del Juez que tome la correspondiente declaración. Sobre esa imputación realizada tras la lectura de derechos que debe efectuarse igualmente a presencia judicial, con explicación de los derechos sino los entendiera, es sobre la que debe girar el interrogatorio que se realice.

Otra cosa es la declaración del imputado no detenido. A este no basta con convocarlo a una comparecencia en calidad de imputado, o, como se vino efectuando, “para practicar diligencias de su interés”. Habría que notificar una resolución judicial donde se le explicaran los hechos imputados y se anuden las presuntas consecuencias jurídicas derivadas de los mismos atribuyendo los posibles delitos cometidos. Sólo así se podría preservar el derecho de defensa pudiendo decidirse por el imputado declarar o no declarar con conocimiento de las consecuencias que ello le puedan deparar.

Todo lo que no sea lo anteriormente expuesto impide realizar una declaración con todas las garantías, siempre que el interrogatorio sea el correcto conforme a la ley y los derechos constitucionales reconocidos. Ello permitirá a quien es imputado comparecer en el juzgado y tomar conocimiento, mediante la entrega de copias integras de lo investigado, a través de letrado al que le otorgue representación.

Esto es lo correcto. Así las cosas. ¿Porqué no se lleva a cabo? Muy sencillo. El proceso se convierte en inquisitivo y gira alrededor de las propias declaraciones del imputado y/o detenido. Digamos que es más cómodo barajar la credibilidad de la declaración del investigado que establecer pautas corroborativas a través de las diligencias de prueba que se practiquen.

Una vez puesto en conocimiento del imputado o detenido los hechos y presuntos delitos cometidos mediante una resolución judicial que así lo indicara y convocado a la declaración o puesto a disposición judicial, el asesoramiento legal se, produce mediante las conversaciones que se realicen entre abogado y cliente o mediante la entrevista reservada que se debe permitir en los estrictos términos de mantenerse al margen de cualquier escucha o presencia extraña.


 

EL INTERROGATORIO.-

Pero, una vez leídos dichos derechos, comprendidos los mismos tras ser explicados, en su caso, ¿en que medida se puede ofrecer asesoramiento cuando se inicia el interrogatorio del cliente imputado o detenido?

El interrogatorio, la declaración, comienza y es como si no existiera red. Se atraviesa por la cuerda floja sin ver el fondo al que se enfrenta el cliente porque puede ser inconsciente de lo que puede perjudicarle o no. Porque, a pesar de decir la verdad y que esta no tenga por que tener más que una sola dirección, la realidad es que, en ocasiones, la declaración se convierte en un interrogatorio que sobrepasa los límites humanos.

La Ley de Enjuiciamiento Criminal no regula expresamente la declaración ante la Policía Judicial. Por ello se debe de ajustar el interrogatorio que se practique ante la policía, por aplicación supletoria, a las normas del interrogatorio judicial.

La Ley de Enjuiciamiento Criminal lo regula en los artículo 385 a 409.

Lo primero que hay que referir es el sustento en el que se recoge la declaración, tanto en sede policial como judicial. ¿por que no se recoge el contenido de la misma en grabación de audio o de vídeo? La declaración realizada en estos soportes es tan válida, quizás más, que la contenida en un acta escrita. La frescura de las mismas, la obtención de percepciones relacionadas con una inmediación recibida, hacen que debieran de ser recogidas en forma videográfica o fonográfica y posteriormente transcritas literalmente.

Sin embargo, la práctica nos lleva a que, desde el primer instante, el interrogatorio carezca de formalidad reconocible desde el punto de vista de la imagen. La representación por video o por voz en la actualidad es tan fácil que pocos medios bastan para que el sistema se convierta en eficiente. Sin embargo, se insiste en facilitar, sin presencia de secretario judicial en ocasiones, la recepción de la declaración en forma escrita. Esta forma escrita, en otro tiempo, sería una fórmula adecuada para recibir la declaración dados los escasos medios tecnológicos existentes. Pero, hoy día, significa una distorsión inequívoca de lo realmente declarado en el momento de la deposición al recogerse las respuestas de las preguntas realizadas de muy diversa forma.

En este sentido, el instructor, (policial o judicial), -aunque nos referiremos al judicial por ser el que, por su independencia debe reflejar una mayor imparcialidad-, en ocasiones comienza la declaración leyendo los derechos y los hechos que le imputan al investigado, o, en otras ocasiones, comienza preguntando, simplemente, si conoce los hechos por los que comparece a declarar sin exponérselos debidamente.

Es claro que la segunda formula empleada no es correcta desde ninguna perspectiva. La lectura de los hechos imputados es necesaria y precisa aún cuando se haya personado previamente en las Diligencias Previas. Diferente sería que en resolución judicial notificada previamente se le hubiera comunicado los hechos que se imputan.

Estos comienzos de declaración no empecen a lo que manifiesta el Tribunal Constitucional en su auto 234/2005, de 6 de junio de 2005, en el que declaró que  las garantías del articulo 17.3 de la Constitución se configuran legalmente en el artículo 520.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La finalidad de estas es asegurar la situación de que a quien privado de libertad o se pueda ver sometido a un proceso no se le produzca nunca indefensión. De esta manera, el artículo 17.3 de la Constitución y el artículo 520 de la LECrim., imponen la obligación de informar de los hechos que se le imputan y de los derechos que le asisten a toda persona que se encuentre detenida o presa (en su caso imputada). Lo relevante es que con la información de derechos se le ponga en conocimiento de los hechos que se atribuyen, siendo la función del letrado  al de ser garante de la integridad física del detenido, y la de evitar la autoinculpación por ignorancia de los derechos que le asisten. 

La Sentencia del Tribunal Constitucional 252/1994, de 19 de septiembre en consonancia con otras señala que el derecho de asistencia letrada al imputado, aunque la sentencia se refiera al detenido, tiende a asegurar, con la presencia del abogado, que los derechos constitucionales sean respetados, que no sufra coacción o trato incompatible con su dignidad y libertad de declaración y que tendrá el debido asesoramiento técnico sobre al conducta a observar en los interrogatorios, incluida la de guardar silencio, así como comprobar la fidelidad de lo transcrito en el acta de declaración que se le presenta a la firma.

Es decir, el letrado, se convierte en garante y sujeto activo en el interrogatorio, procurando la lectura de los derechos y su comprensión, así como la ser sujeto activo en la evitación del autoinculpación.

El haz de artículos contenidos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal referidos a las declaraciones de los procesados comienza por decirnos algo que se encuentra en contradicción con el derecho a no declarar reconocido en la Constitución y en los textos internacionales. 

Lo primero que hay que destacar es que dice la Ley que el Juez, de oficio o a instancia del Fiscal o del querellante particular hará que los procesados presten cuantas declaraciones considere convenientes para la averiguación de los hechos. El imputado no tiene por que declarar. Y, si lo hace, es porque consiente en ello. Puede guardar silencio. Puede contestar alguna o algunas de las preguntas de las que se les formulen No se le puede obligar a decir verdad. El Juez sólo puede invitar a que conteste de forma clara y precisa a las preguntas que se le formulen en el supuesto de que consienta en declarar.

Como me estoy refiriendo al derecho a declarar, lo que trasciende es que, una vez se consiente en ello se debe cumplir estrictamente para que se realice una autoinculpación por desconocimiento de sus derechos. Evidentemente, la persona es libre de, responsablemente, realizar una confesión autoinculpatoria. Lo que debe es, en todo caso, conocer las consecuencias que se derivan de ello. La espontaneidad y la decisión de realizar tal confesión no implica, por el contrario, que no se realicen las pruebas complementarias para adquirir el convencimiento de la verdad (STS de 20 de enero de 1989). Si posteriormente se retracta de la confesión se le podrá preguntar por tal retractación. Si bien puede no contestar a esa pregunta, si así lo desea.

En cuanto al tiempo en que debe de realizarse el interrogatorio si el imputado se encuentra detenido se realizará en un término de 24 horas, pudiendo prorrogarse hasta las 48 horas si mediara causa grave. Esta demora debe justificarse en la providencia que acordara la prórroga según el artículo 386 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Se deduce de lo anterior que la primera declaración del detenido en dependencias policiales se ha de realizar en las primeras 24 horas. No obstante, la investigación policial, en ocasiones, retrasa no sólo la primera declaración, sino la puesta a disposición judicial del detenido, más allá de las primeras 24 horas hasta las 72 horas desde la detención. La consideración de que pudiera ser detención ilegal en lo que se incurriera si se produce la extralimitación en los plazos con las consecuencias que ello conlleva  es algo que en ocasiones no queda preservado debiendo la defensa ser diligente en el cumplimiento estricto de la legalidad establecida que le vincula a la investigación policial y judicial.

Por otra parte, el imputado si se encuentra en libertad no tiene plazo señalado para su declaración. No obstante, la práctica habitual en casos muy sonados de retrasar años la declaración se encuentra en contra del derecho de defensa que exige que la misma se realice con urgencia y preferencia, y si bien se puede posponer por la necesidad de unir elementos de prueba se le debe de ofrecer la posibilidad de estar al corriente de la investigación mediante la personación de letrado, y, evidentemente, evitar una dilación indebida de la causa por reunir tales elementos.

Ya se ha hablado de como debe ser la forma del interrogatorio anteriormente. No obstante, se debe concretar que nunca se puede obviar el derecho que tiene el interrogado a no declarar. Este debe ser informado explícitamente del mismo, sin que pueda producirse coacción o amenaza, explícita o implícita, como la de colaborar con la justicia a fin de no ingresar en prisión.

La STS de 12 de noviembre de 1996 en relación a la exhortación a decir la verdad contenida en el artículo 387 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que aún apareciendo reflejada en la ley, esta se encuentra en contradicción con el artículo 24.2 de la Constitución, y por tanto, se encuentra tácitamente derogada. Por ello exhortaciones con frases tales como “me esta usted mintiendo” o “diga la verdad” limitan los derechos fundamentales del declarante. 

Importante destacar que, en el supuesto de existencia de declaraciones contradictorias, se le concederá mayor valor procesal a las declaraciones efectuadas en audiencia pública, en el acto de juicio, que aquellas otras obtenidas en las actuaciones del sumario, y, más a estas que a las efectuadas ante la policía, aunque estas, por estar en caliente, puedan ser consideradas más sinceras. El motivo de ello es que la averiguación de la verdad no depende de la confesión del imputado o acusado sino de los medios de prueba que se obtengan durante la investigación. Con el tiempo, la investigación acopia el material probatorio y las declaraciones iniciales pueden ser contradictorias con lo posteriormente revelado. A ello se une la existencia de posibles declaraciones de coimputados o coacusados que pueden tener móviles espurios. Móviles de venganza, de autoexculpación, de interés personal, en cualquier caso. Dichas declaraciones tienen que ser valoradas con reservas y comprobando si existen elementos corroboradores sobre el núcleo esencial de los hechos.

En este punto cabe incluir el careo, al cual se pueden someter los coimputados si lo aceptan, como instrumento para la averiguación de móviles espurios y de determinación del valor de las corroboraciones que se pudieran dar en los hechos.

Igualmente, las declaraciones espontáneas ante la policía o las realizadas sin la intervención de letrado no tienen valor probatorio alguno dado que no se realizan con las garantías constitucionales establecidas.

En un interrogatorio, volviendo sobre las exhortaciones a decir la verdad derogadas por la Constitución, el interrogado si contesta a las preguntas debe de responder de manera, directa, precisa y clara. Así debe de recogerse en el acta. Y debe de recogerse lo que expresamente haya manifestado el interrogado sin interpretaciones o adiciones que comporten autoinculpación. Se podría hablar del derecho a mentir. No se puede descartar como parte del derecho a no inculparse o de no declarar contra si mismo. En cualquier caso, no se pueden pedir responsabilidades por mentir.


 

LAS PREGUNTAS Y RESPUESTAS.- 

No existen preguntas sin respuesta, solo preguntas mal formuladas

En cualquier caso, según el artículo 389 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal las preguntas que se realicen en el interrogatorio deben ser directas y, además, dirigidas a la averiguación de los hechos y a a participación del interrogado y las personas que pudieran haber participado. Nunca se puede emplear coacción o amenaza. Tampoco se puede realizar reconvención sobre la respuesta dada pues contradice el derecho a declarar y a la no inculpación. 

Es habitual, en ocasiones, reconvenir al interrogado sobre el descubrimiento de una mentira. Ello se encuentra vetado por la Constitución. El interrogatorio así practicado es preconstitucional e inquisitivo.

Importante es lo que expone el artículo 397 de la Ley de Enjuciamiento Criminal. El interrogado podrá dictar por si mismo las declaraciones, en cuyo caso se procederá a su transcripción literal.

Ante la posibilidad de que el instructor recoja en el acta lo que le ha parecido oír del interrogado, a este le asiste el derecho de dictar la respuesta a la pregunta formulada.

En ocasiones observamos como el instructor toma notas ante las respuestas que se realizan a las preguntas que se formulan y transcribe lo que le “parece” que ha sido la respuesta dada. En la comunicación de este mensaje se pierde gran parte de las expresiones que se han efectuado al contestar y se atenaza la espontaneidad de la declaración en perjuicio, en muchas ocasiones, del interrogado.

En cualquier caso, esta práctica se contradice con lo expuesto en al artículo 401 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que manifiesta que se deberán consignar íntegramente las preguntas con las contestaciones, las cuales se transcribirán por el Juez, si no las dictara el interrogado, procurando consignar las mismas palabras de las que se hubiera valido.

En otras ocasiones, el interrogado es testigo de la relectura del acta por parte del instructor tras la conclusión de la declaración con la posibilidad consiguiente de eliminación de párrafos o manifestaciones que no interesan a la investigación, máxime cuando la declaración es muy extensa en el tiempo. Es al interrogado y al letrado al único que le cabe efectuar una relectura de la misma a fin de certificar que lo que se ha manifestado se ha recogido en el acta escrita. De ser videográfico o fonográfico el soporte donde se recogiera la declaración estas incidencias no se producirían, pues la transcripción que se pudiera realizar sería literal. Dicha posibilidad esta permitida, por aplicación supletoria de la Ley de Enjuiciamiento Civil, pero no es obligatoria. Depende del sentido que se le quiera dar a una instrucción


 

CUANDO UN INTERROGATORIO ES INQUISITIVO.-

Al respecto de las exigencias de fondo del interrogatorio, el contenido de las preguntas, según Aurelia María Romero Coloma, las preguntas, que han de ser directas, no pueden ser capciosas, sugestivas o impertinentes.

En cuanto al requisito de que la pregunta debe ser directa significa que ha de referirse a un hecho acerca del cual se pretende extraer alguna consecuencia jurídica, ya sea de relieve, importante, esencial o meramente secundario. Pero debe de dirigirse a un hecho del cual se puede obtener consecuencia, importante, jurídica. Cuando la investigación realiza preguntas que aun siendo directas se dirigen a la obtención de hechos que no tienen que ver con la causa y que ninguna consecuencia jurídica puede obtenerse se realiza una inquisición general que no se encuentra admitida. 

En lo que respecta a las preguntas impertinentes, son aquellas que no guardan relación directa con la causa, formuladas con anterioridad o que denotan una agresividad verbal tan ajena como impropia de la objetividad y serenidad con los que han de sustanciales el acto del interrogatorio. (Expresiones mal sonantes, gritos, reconvenciones, exhortaciones sobre la mentira, todas ellas hacen que las preguntas que se realicen se conviertan en impertinentes por la agresividad verbal que comportan). En definitiva, convertir un interrogatorio en un acto tabernario es síntoma de preconstitucionalidad e inquisición.

La pregunta capciosa es aquella que referida al procedimiento se efectúa con engaño o con artificios dirigidos a obtener conclusiones favorables a la tesis de la investigación. Preguntas rebuscadas encadenando varias interrogantes dentro de la misma pregunta, a veces contradictorias o de casi imposible respuesta, o aquellas en las que se solicita una opinión sobre una cuestión o se barajan hipótesis sobre las que se ve obligado a responder el interrogado comportan una capciosidad indudable que es contraria al derecho a la no inculpación que le asiste.

La capciosidad más que a la materia en si misma, está referida al procedimiento basado en el artificio o engaño. En este sentido, las preguntas hipotéticas y las comparativas son ejemplos claros, como se ha dicho, de preguntas capciosas, porque tanto en unas como en otras se trata de extraer consecuencias partiendo de un supuesto de hecho “no realizado” que se plantea como análogo o idéntico al de autos y del que, a efectos dialécticos, se trata de extraer idénticas conclusiones para el hecho que se debate, y, como exponía Arturo Majada, olvidando la infinita gama de reacciones que, por múltiples circunstancias, se pueden dar bajo las mismas apariencias.

Por último la pregunta sugestiva es aquella en la que interrogador el que se encuentra formulando la respuesta con la misma pregunta. Tan sólo le deja al que declara la respuesta afirmativa o negativa que se desea. Estas preguntas realizadas con afirmaciones como “no me está respondiendo usted lo que yo quiero”, que no es lo mismo que decir que “no me está respondiendo usted a lo que yo le estoy preguntando”, son ilícitas y son admitidas.

La doctrina ha establecido que sólo sería lícita aquella pregunta sugestiva que se realiza en tono dubitativo a fin de dejar margen de libertad al interrogado para su respuesta. Sólo se puede emplear de modo excepcional y, desde luego, sin hacer uso de tonos irónicos, de falta de respeto o a la dignidad del indagado, o malicioso.

El Tribunal Supremo, STS de 5 de julio de 1905 ya definió la sugerencia por el contenido, como aquella que contiene los hechos que se quería que fueran afirmados por las partes. Estas preguntas son inadmisibles.

Al respecto de lo anteriormente expuesto se ha de afirmar que en caso de incurrirse en la obtención mediante estas preguntas se actúa de forma tal que se realiza una especie de coacción moral psíquica. La realización de maniobras engañosas suponen una conducta desleal e indigna en el ámbito del Estado de Derecho según Asencio Mellado, contraria al respeto que toda persona tiene por el hecho de serlo con independencia de su cualidad de sospechoso, detenido, imputado o inculpado.

Si se intenta conseguir la verdad a cualquier precio, estamos volviendo los sistemas inquisitoriales, en los que, desgraciadamente se hacía objeto de tortura al detenido y no se controlaba ningún método para sonsacar la respuesta esperada por el interrogador, obteniéndose de esta indigna manera, confesiones.

Y para finalizar, a todo esto, ¿Como puede intervenIr el letrado durante la declaración al objeto de evitar la autoinculpación? ¿Como puede comunicarle a su defendido que decidido a declarar una o varias preguntas no las debe de contestar porque pueden suponerle una autoinculpación?

En este punto, si bien parece que la intervención del letrado se restringe al momento de la conclusion del interrogatorio al objeto de realizar las preguntas que se dirigan a la exculpación es contrario con el derecho a no declarar y a no inculparse el que el defensor no pueda aconsejar a su representado durante la declaración, por la cual ha optado, sobre la pregunta que debe ser respondida o no. La decision de no declarar y no contestar a ninguna pregunta adoptada por el imputado no detenido puede venir precedida de un asesoramiento previo. Este, según la ley española no se le puede dar al detenido en dependencias policiales. Sin embargo, la decision de no contestar a alguna o algunas de las preguntas formuladas durante el interrogatorio, no puede ser asesorada, a veces no se puede realizer sino es mediante la intervención durante la declaración de su letrado. Pocas veces nos hemos visto en una declaración en la que el imputado ha comenzado a declarar y las preguntas que se le realizaban no tenían nada que ver con los hechos que se le habían relatado previamente y se ha exigido al letrado por la instrucción que no se efectuara gesto o movimiento alguno que pudiera observar su representado. A mi modo de ver esta actitud que se obliga a mantener a la defensa es contraria al derecho a declarar y al derecho a la no inculpacion y, en su consecuencia, debería de admitirse en la declaración una intervención flexible del letrado.


CONCLUSION.-

Se puede comprender, con lo expuesto, como la dificultad de proceder a una declaración con todas las garantías se encuentra en entredicho. Es difícil de entender que no se protejan los derechos fundamentales so pretexto de la obtención de una verdad sustentada en el todo vale. La aplicación estricta de la Ley de Enjuiciamiento Criminal sin las matizaciones propias de los derechos fundamentales recogidos en la Constitución y en los textos internacionales hacen que se encuentre vigente un interrogatorio en el que el indagado se encuentra con la obligación de declarar. No obstante, el olvido de la aplicación de determinados preceptos, igualmente conduce a que se anulen facultades de defensa que en la propia Ley procesal vienen recogidas, tales como la invalidez de las preguntas capciosas, sugestivas o impertinentes realizadas por la instrucción o el derecho a dictar las respuestas a las preguntas correctamente formuladas.  

 

 


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