LA ENTREVISTA PREVIA DEL DETENIDO CON SU ABOGADO EN DEPENDENCIAS POLICIALES. LAS DIRECTIVAS EUROPEAS Y EL PROGRAMA DE ESTOCOLMO

Hace algún tiempo un compañero me envió un documento.

Este era un decálogo elaborado del Colegio de Abogados de Madrid de buenas prácticas ante la asistencia letrada a detenidos de conformidad a las directivas derivadas del programa de Estocolmo.

La cuestión que desentraña este decálogo, que no es el único existente en nuestro país, tiene mucha entidad.

Se trata de la adaptación de los artículos 118 y 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal a la realidad de nuestro entorno. A nuestra pertenencia a la Unión Europea.

Se trata de las garantías de la persona detenida o imputada en un proceso penal y su relación con el derecho a la asistencia letrada. Se trata de determinar cual es el papel del letrado asistente en un proceso penal.

En concreto, para lo que se respecta a esta reseña he de referirme, inicialmente, a la Directiva 2013/48/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de octubre de 2013.

Esta Directiva obliga al estado español a transponer su contenido, es decir, a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal o a la redacción del Código Procesal Penal.

No obstante, siendo la cuestión tan sustancial, llevamos más de un año y la norma no se ha adaptado.

Además, nos encontramos con que los cuerpos y fuerzas de seguridad y algunos Juzgados de Instrucción interpretan el derecho a la asistencia letrada de forma preconstitucional.

Digo preconstitucional, si.

Lo cierto es que el Tribunal Constitucional ampara lo expuesto por la citada Directiva desde las Sentencias 196/1987 y 252/994. Desde estas resoluciones queda claro el contenido del derecho a la asistencia letrada en dependencias policiales y judiciales.

El Tribunal Constitucional, al interpretar la Constitución, expone: “el derecho a la asistencia letrada del detenido (sin especificar en que dependencias si policiales o judiciales) tiende a “asegurar” (con la presencia personal del letrado) que los derechos constitucionales del detenido sean respetados, que no sufra coacción o trato incompatible con su dignidad y libertad de declaración y que tendrá el debido asesoramiento técnico sobre la conducta a observar en los interrogatorios incluida la de guardar silencio, así como su derecho a comprobar, una vez realizados y concluidos con la presencia activa del Letrado la fidelidad de lo transcrito en el acta de declaración que se le presente a la firma. (STC 196/1987, fundamento jurídico 5º)”

Lo anterior es claro. Comporta que la persona detenida tiene derecho a ser asesorado efectiva y técnicamente sobre la conducta a observar en los interrogatorios.

Evidentemente, este derecho determina que el letrado que le asiste le puede –y debe- asesorar sobre si tiene que declarar o no, o, incluso, si debe o no, contestar alguna o algunas de las preguntas que se le formulan que le puedan perjudicar en su defensa. Igualmente comporta el derecho a la entrevista previa y reservada para formular tal asesoramiento, el conocimiento de los motivos de la detención y del material probatorio.

El contenido que se extrae de lo expuesto en la interpretación del artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal se refleja en el artículo 3 de la Directiva citada detallando los derechos que conlleva para la persona detenida la asistencia letrada.

La Directiva refiere que el Estado velará por que el sospechoso o acusado tenga derecho a la asistencia letrada desde el mismo momento en que tenga necesidad de defenderse y ejercer este derecho de forma práctica y efectiva.

Igualmente tendrá derecho a que dicha asistencia se realice sin demora injustificada, teniendo derecho a ser asistido por letrado desde el momento en que se produzca antes de que el sospechoso o acusado sea interrogado por la policía u otras fuerzas o cuerpos de seguridad o autoridades judiciales, en el momento en que las autoridades de instrucción u otras autoridades realicen un actuación de investigación o de obtención de pruebas, sin demora injustificada tras la privación de libertad y con la suficiente antelación antes de que el sospechoso o acusado citado a personarse ante el tribunal competente en materia penal se presente ante dicho tribunal. A partir de estos momentos es necesaria la asistencia letrada.

Esta asistencia letrada, dice la Directiva, comportará:

a) La comunicación y entrevista en privado del sospechoso o acusado con el abogado que lo represente incluso con anterioridad a que sea interrogado por la policía u otras fuerza o cuerpos de seguridad o autoridades judiciales.
b) La intervención de la abogado tiene que ser activa y recogida en el acta de declaración.
c) La intervención del abogado en las ruedas de reconocimiento, careos y reconstrucciones de hechos se integra en el derecho de asistencia letrada y el Estado tiene la obligación de procurar que se cumpla tal derecho.

Sin embargo la Directiva en cuestión abre un hueco a dejar sin asistencia letrada a las personas sospechosas o detenidas en casos de lejanía geográfica que impida la asistencia letrada sin demora, en circunstancias excepcionales y temporalmente cuando existan una necesidad urgente de evitar graves consecuencias adversas para la vida, libertad o la integridad física de una persona o una necesidad urgente de una actuación inmediata de las autoridades de instrucción (la policía) para evitar comprometer de modo grave el proceso penal.

Estas excepciones dependerán de los Estados miembros el regularlas, pero se ha de estar muy alerta ante el abanico de posibilidades que se puede abrir.

Para hacer efectivo el derecho de asistencia letrada también es preciso acceder al expediente en concreto por el que una persona se encuentra detenida. Pues bien, en el presente aspecto, el Estado Español está incumpliendo lo dispuesto en la Directiva 2012/13/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de mayo de 2012 relativa al derecho a la información en los procesos penales.

El artículo 11 de dicha Directiva dice que se tenían que poner en vigor tales disposiciones a más tardar el 2 de junio de 2014. Entre los derechos que se refieren, reflejo de lo expuesto por los convenios directamente aplicables, se establece en el articulo 4.2.a) el derecho de acceso a los materiales del expediente desde el mismo momento en que se produce la detención de una persona, puesto que, conforme al artículo 7.1 de la misma Directiva, “Cuando una persona sea objeto de detención o privación de libertad en cualquier fase del proceso penal, los Estados miembros garantizarán que se entregue a la persona detenida o a su abogado aquellos documentos relacionados con el expediente específico que obren en poder de las autoridades competentes y que resulten fundamentales para impugner de manera efectiva, con arreglo a lo establecido en la legislación nacional, la legalidad de la detención o de la privación de libertad.”

Igualmente, se incumple continuamente la citada Directiva cuando en dependencias policiales no se informa debidamente sobre los motivos objeto de la detención. El artículo 6.2 de la misma es muy claro: “Los Estados miembros garantizarán que toda persona sospechosa o acusada que sea detenida o privada de libertad sea informada de los motivos de su detención o privación de libertad, incluida la infracción penal que se sospecha que ha cometido o de la que se le acusa.” Es evidente que, no basta con atribuir un delito. Es necesaria la información de los motivos describiendo los hechos que dan lugar a su detención.

La cuestión, a fin de proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos, finalmente, deriva en la necesidad de articular medios para la inmediata y efectiva aplicación de estas Directivas. Así las cosas, no puede darse lugar a que, entretanto se emana una ley de seguridad ciudadana que constriñe derechos a los ciudadanos, los derechos que se establecen por los convenios internacionales y las normas aplicables derivadas de la Unión Europea y que no son sino el reconocimiento de la propia doctrina jurisprudencial del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal Constitucional, se aletarguen en su aplicación porque, ni el Estado, ni los consiguientes estamentos intervinientes en la investigación e instrucción de las causas, así lo lleven a efecto.

Se hace necesario, por tanto, una intervención activa de difusión, como dice la propia Directiva, para que su aplicación sea inmediata, real y efectiva. Y ello ya que, por virtud del artículo 10.2 de la Constitución de 1978, el artículos 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, el artículo 6 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (CEDH), el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 48, apartado 2, de la Carta, se garantiza que el respeto de los derechos de la defensa son directamente e inmediatamente aplicables.

Además, la interpretación que la Unión Europea realiza en estas Directivas no es más que el fruto de lo que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos viene diciendo desde la Sentencia de 8 de Febrero de 1996 «Caso Murray» que considera con acierto que: «como de la conducta del detenido en el interrogatorio (silencio o declaración) pueden derivarse importantes consecuencias, es necesario que el detenido se entreviste con el Abogado previamente al interrogatorio para que éste le pueda aconsejar profesionalmente sobre lo que más le conviene, si declarar o guardar silencio (y en su caso, cómo hacerlo).»

Por tanto, en las dependencias policiales se deben de establecer protocolos que implique la garantía de que estos derechos son cumplidos. A ello contribuyen algunos colegios de abogados como el de Madrid, el de Huelva, o algunos que otros de Andalucía.


2 respuestas a “LA ENTREVISTA PREVIA DEL DETENIDO CON SU ABOGADO EN DEPENDENCIAS POLICIALES. LAS DIRECTIVAS EUROPEAS Y EL PROGRAMA DE ESTOCOLMO

  1. Esta mañana he estado de guardia de policía. Como vengo defendiendo desde hace casi 13 años, he solicitado la entrevista previa a los agentes de policía. En la Guardia Civil hoy no ha habido problema y se me ha permitido. Ahora bien, estaban totalmente desconcertados ya que desconocía por completo de lo que les hablaba. En Policía Nacional se han negado rotundamente pero han dejado constancia de mi solicitud. Poco a poco debemos ir haciendo mella para que, lo que ahora es una excepción (un abogado de oficio queriendo discutir por un cliente que, “al fin y al cabo, ni le va ni le viene”) se convierta en la normalidad y, así, consigamos que los superiores jerárquicos de la Policia y Guardia Civil les den las órdenes oportunas para lo que no es otra cosa más que el cumplimiento de la Ley.

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    1. Es muy casual que lo “desconozcan”. Si le llevasemos una copia de la Directiva y de los atestados de la Guardia Civil donde se ha admitido estoy seguro de que no se les olvidaria su existencia. De cualquier forma estoy contigo. Debemos de hacerlo cada vez que estemos de guardia y que nuestro Colegio se encargue de difundirlo.

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