EL ASUNTO DEL TOLDO DE LA CAFETERIA DE LA ALGABA. JOSE LUIS VEGA ROMERO. UN ALCALDE QUE QUISO EVITAR UN CONFLICTO.

Un toldo.

Por el traslado de un toldo han solicitado las acusaciones pública y particular, el Ministerio Fiscal y un vecino de la citada localidad, que José Luis Vega Romero, ex alcalde de La Algaba, fuera condenado a 8 y 9 años de inhabilitación para cargo público y una indemnización de SEIS MIL EUROS.

Los hechos parecen muy claros.

El toldo objeto de la discordia fue instalado por la propiedad de la Cafetería Río Blanco como consecuencia de la autorización para colocar veladores en la acera y era consecuencia lógica de la necesidad de proteger a sus clientes de las inclemencias climáticas de nuestro entorno.

En cambio el vecino entendió que el artefacto se le había colocado frente a su propiedad, ocupando la fachada colindante. Ofrecía la versión, claramente evidenciada como irreal, de que le impedía la visibilidad de su local alquilado y de su vivienda. Las fotografías, su declaración y la realidad demuestran que no era así. Que su vivienda se encontraba alejada del lugar donde se ubicaba el toldo lo afirmaba el propio vecino en el acto juicio.

Sin embargo, se continuó con la acusación contra José Luis Vega Romero. Y se prosiguió por que se dice por las acusaciones que el exalcalde dictó una resolución denegando la licencia del toldo colocado y posteriormente permitió su traslado a un lugar donde no le afectara al vecino colindante.

Ridículo ¿no? La justicia dedicada a comprobar si la licencia de un toldo, su colocación o su recolocación constituyen un delito de prevaricación.

El exalcalde de La Algaba actuó con la finalidad de evitar un conflicto vecinal y algún vecino de la localidad se lo ha retribuido llevándolo a juicio y ensañándose con él. Los motivos del porque los desconocemos, aunque si los intuimos.

Dichos hechos no pueden subsumirse en tipo penal alguno y mucho menos en el de prevaricación del artículo 404 del Código Penal.

La única actuación de José Luis Vega Romero fue la de procurar la protección policial, solicitada por el propio Jefe de la Policía Local, a los operarios que hubieron de llevar a cabo el traslado del toldo por orden del entonces Concejal de Urbanismo, Pedro Agüera Gallardo, -quien, casualmente, no acudió al acto de juicio-, para evitar alteraciones del orden público ante la evidencia del riesgo que corrían como consecuencia del grave conflicto vecinal existente entre el denunciante y la cafetería Río Blanco.

En idéntico sentido, y de forma absolutamente coherente el también testigo, el propietario de la Cafetería Río Blanco, declaró, sin que nadie le contradijera, que fue el Concejal de Urbanismo quien le indicó que colocara el toldo por considerar que se encontraba amparado por la Licencia de Veladores que ya poseía y que fue precisamente el Concejal de Urbanismo quien, a raíz del grave conflicto que se suscitó con el denunciante, le propuso solucionarlo mediante el desplazamiento del toldo, interrumpido por el conflicto vecinal y culminado posteriormente en presencia policial.

Así las cosas, la orden de protección de los operarios municipales que dio José Luis Vega Romero al Jefe de la Policía Local por escrito tras el requerimiento de este y como consecuencia de lo dispuesto por el Concejal de Urbanismo nunca fue una resolución.

Esta no fue un acto de contenido decisorio.

Es cierto que, con anterioridad, denegó la licencia de colocación del toldo, sin embargo, lo hizo porque los informes técnicos exponían que el mismo ocupaba la fachada colindante.

Prueba de que el toldo era legal, amparado por la licencia de veladores, es que desde que José Luis Vega Romero dejó de ser Alcalde y fue otro partido político quien entró en el gobierno municipal, en verano de 2009, el toldo estuvo instalado sin otra licencia que no fuera de veladores, hasta septiembre de 2010, cuando s retiró una vez solicitada licencia y se le denegó porque era una estructura que estaba anclada a unas barandas. En cualquier caso, haber denegado la licencia para colocar el toldo por ocupar la fachada colindante no se encuentra en contra de que este estuviera amparado por la licencia de veladores y que tuviera que trasladarse a otro lugar.

Por lo tanto, José Luis Vega Romero sólo quiso proteger a los operarios que trasladaban el toldo como consecuencia de la orden dada por el Concejal de Urbanismo. Nunca adoptó una resolución.

El Tribunal Supremo, ha examinado el concepto de “resolución” a los efectos del art. 404 del C. Penal en diferentes sentencias (SSTS 939/2003, de 27-6; 627/2006, de 8-6; 866/2008, de 1.12; 405/2009, de 13-4; y 48/2011, de 2-2). En ellas, después de recordar que, según el Diccionario de la Real Academia Española, resolver es “tomar determinación fija y decisiva”, ha establecido que, en el ámbito de la doctrina administrativa, la resolución entraña una declaración de voluntad dirigida, en última instancia, a un administrado para definir en términos ejecutivos una situación jurídica que le afecta. Así entendida, la resolución tiene carácter final, en el sentido de que decide sobre el fondo del asunto en cuestión.

También se ha precisado en las referidas sentencias que, en rigor jurídico, resolver es decidir en sentido material, o, como se ha dicho, sobre el fondo de un asunto.

Ya con anterioridad en otros precedentes jurisprudenciales, como en la sentencia 38/1998, de 23 de enero, se había subrayado que por resolución ha de entenderse el “acto administrativo que suponga una declaración de voluntad de contenido decisorio, que afecte a los derechos de los administrados”, considerando al respecto que “lo esencial es que tenga un efecto ejecutivo, esto es, que decida sobre el fondo del tema sometido a juicio de la administración”.

Por otra parte, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Gerona de 7 de octubre de 1998 señala que una resolución administrativa es un acto administrativo con especificidades. Hay una relación entre ambos de género a especie.

El concepto genérico es el del acto administrativo y el específico el de resolución administrativa. Dicho de otra forma, toda resolución administrativa es un acto administrativo, pero no todo acto administrativo es una resolución. Lo importante de las resoluciones es que su objeto es una decisión final, esto es que termina el procedimiento, frente a otra clase de actos administrativos de trámite que carecen de dicho objeto.
Aquí pues, no nos encontramos ante un acto resolutorio. Lo que dispone y se ordena por el Sr. Vega Romero es la protección de los operarios municipales para el traslado del toldo por estar amparado en la licencia de veladores y no existir ninguna ordenanza que lo prohiba.
Además, la mera apariencia de contradicción entre la negación de la licencia de instalación del toldo y la orden dada de protección a los operarios públicos para el traslado de ubicación del toldo incluido en la licencia de veladores dado el conflicto vecinal existente no supone que se haya cometido un delito.

Desde la Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de mayo de de 1986 al resolver el Caso Bardellino sobre prevaricación judicial se definen los elementos de índole objetivo y subjetivo integrados por la injusticia intrínseca y por la conciencia y voluntad deliberada de quien dicta un acto de faltar a la justicia quebrantando la Ley.

Respecto al primero, una actuación será injusta cuando es contraria a la ley manifiestamente o cuando produzca lesión del Derecho: “a menos que sea de tal naturaleza que envuelva una injusticia de aquellas que no puedan explicarse por una interpretación razonable de la ley y resulte de un modo claro e indiscutible la violación de un precepto legal y también cuando los términos precisos y categóricos en que se halle redactado un precepto excluyan toda posibilidad de equivocada interpretación”.

La injusticia ha de ser clara y razonable, pues, de lo contrario desaparecería el aspecto penal reduciéndose a una mera ilegalidad a depurar en el correspondiente proceso administrativo.

Igualmente, la actuación de José Luis Vega Romero, ya que no podemos hablar de resolución, no carece de todo fundamento racional. La misma no es caprichosa o inmotivada. No existe un plus de contradicción con el derecho que la haga patentemente grosera o esperpéntica.

No concurre, conforme expone la Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de julio de 1995, al hablar de la arbitrariedad, “un torcimiento del derecho o una contradicción con el ordenamiento jurídico tan patente y grosera, esperpéntica se ha dicho en ocasiones, que pueda ser apreciada por cualquiera, no bastando pues, vuelve a decirse, la mera ilegalidad que puede ser producto de una interpretación errónea, equivocada o discutible como tantas veces acontece en Derecho”

O como dicen las Sentencias del Tribunal Supremo de 2 de abril de 2003, de 23 de mayo de 1998, 4 de diciembre de 1998, 18 de mayo de 1999 y 10 de diciembre de 2001, por más que una decisión administrativa pueda contravenir el ordenamiento jurídico, sólo resultaría subsumible en el tipo de prevaricación cuando resultará completamente ayuna de la menor justificación admisible en el ordenamiento jurídico, y obedeciera al mero capricho gratuito de quien la adopta.

Por ello, José Luis Vega Romero es inocente y ha sido llevado a juicio sobre la base de una acusación tremendamente endeble, carente de razonabilidad y fruto del capricho político dirigido contra su persona.


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