FERNANDO MELLET JIMÉNEZ. ERE MERCASEVILLA. LA LEY Y NADA MAS.

En el Estado de Derecho la Ley es la voluntad suprema de la ciudadanía.

Es otorgada por sus representantes legítimamente elegidos. Supone el mandato que impone la subordinación de todos, sin excepción, a sus preceptos.

La desatención de sus mandatos puede causar gravísimos daños a los sujetos inmersos en un procedimiento. En ocasiones dichos daños son figurados, ficticios, vacíos de contenido.

Sobre todo cuando se adoptan medidas que inciden en el patrimonio de un ciudadano sometido a imputación y dichas medidas se sostienen sin observar la exclusión del supuesto de hecho que daría lugar a la responsabilidad derivada de una acción.

Es el caso de Fernando Mellet. A Fernando Mellet le van a embargar sus bienes. Se le impone una medida cautelar real, presuntamente por entender que el abono realizado por la Junta de Andalucía como consecuencia del expediente de regulación de empleo de 2003 sería irregular.

La petición de la medida cautelar solicitada por Fiscalía y por la representación de la Junta de Andalucía realizadas en la comparecencia practicada el día 23 de abril de 2014 se constriñen, tan sólo, al expediente del año 2003.

La resolución dictada, a pesar de cifrar la medida cautelar en relación al expediente de 2003, se extiende de forma desproporcionada y extralimitándose del principio acusatorio, a otros hechos.

No obstante, la resolución por la cual se decreta la medida cautelar real obvia una Ley emanada del Parlamento de Andalucía.

El contenido del Decreto Ley 4/2012, de 16 de Octubre, de medidas extraordinarias y urgentes en materia de protección sociolaboral a ex trabajadores y ex trabajadoras andaluces afectados por procesos de reestructuración de empresas y sectores en crisis, convalidado por el Pleno del Parlamento del día 15 de noviembre de 2012, Diario de Sesiones número 19, promulgado el 16 de octubre de 2012, publicado en el BOPA número 113, de 27 de noviembre de 2012, publicado en el BOJA, de 18 de octubre de 2012, convalidación publicada en el BOJA numero 236, de 3 de diciembre de 2012, es transparente y meridianamente claro. Su artículo 3.2.(L, dice lo siguiente:

“Artículo 3. Beneficiarios de las ayudas sociolaborales. 1.Podrán ser beneficiarias de las ayudas sociolaborales previstas en el presente Decreto Ley las personas que en el ámbito de la Comunidad Autónoma estén incluidas en los siguientes colectivos: a)Colectivos de ex trabajadores y ex trabajadoras que fueron beneficiarios de ayudas sociolaborales instrumentadas a través de contratos de seguro colectivo de rentas, se hallen o no en proceso de financiación de sus primas por parte de la Junta de Andalucía, que se concretan en el apartado 2 de este artículo, cuya ayuda consistirá en la financiación del referido contrato de seguro una vez adecuado a lo indicado en el artículo 4.1 del presente Decreto Ley. ….

2. Las personas incluidas en los colectivos referidos en la letra a) del apartado anterior son ex trabajadores y ex trabajadoras beneficiarios de ayuda sociolaboral instrumentada a través de contrato de seguro colectivo de rentas que pertenecieron a las siguientes empresas o conjuntos de empresas: …

L) Mercados Centrales de Abastecimiento de Sevilla (n.º de póliza: 1-83-190-000-978. Aseguradora: Generali Seguros)”

Dicho decreto, la Ley que lo convalida, establecen muy claramente que los beneficiarios de la póliza reseñada, -la misma que refiere el auto que dicta la medida cautelar y en la que se sustenta para afirmar que el pago realizado por la Junta de Andalucía es irregular-, pueden ser beneficiarios de las ayudas sociolaborales.

Si ello es así, ¿que pago indebido, ilegal o irregular ha realizado la Junta de Andalucía?

Ninguno.

La Junta de Andalucía reconoce la legitimidad de la póliza y, por tanto, el pago realizado.

Por tanto, reconocida tal legitimidad, sólo cabe afirmar que se ha infringido la legalidad al dictarse la resolución y que la misma es una resolución injusta.

Y se ha infringido no existiendo otra interpretación más allá de lo que la literalidad de la norma expresa.

Además, el dictado del auto le causa una suma injusticia a Fernando Mellet Jiménez al que se la ha avocado a ser arrastrado ante la ciudadanía, en su honor y persona, a través de ver como se embargan sus bienes debido al nepotismo ilustrado de la ignorancia absoluta de lo dispuesto en la Ley.

En definitiva, todo lo anterior, que surge de la piel de la Ley referida, supone:

1º.- Que el procedimiento seguido en la solicitud y tramitación de la ayuda sociolaboral correspondiente al expediente de regulación de empleo solicitado en el año 2003, del cual el de 2007 es continuación, es legal.

2º.- Que los beneficiarios de la póliza referida lo son a todos los efectos y que ninguna responsabilidad se le puede atribuir a FERNANDO MELLET JIMÉNEZ, ni a MERCASEVILLA, derivada de una póliza aceptada como válida por su tomador, la Junta de Andalucía.

3º.- Luego si la Junta de Andalucía ha asumido, en una Ley aprobada por unanimidad de todos los parlamentarios, es decir, con el voto favorable del PSOE, IU, y PP, el coste de la póliza en cuestión, la apariencia de buen derecho por la que se impone la medida cautelar es inexistente.

4º.- Que es inexistente se comprueba con la ausencia de expediente de reintegro alguno por parte de la Junta de Andalucía.

5º.- Luego, ¿Qué daño a los caudales públicos se ha podido producir?

Ninguno.

Pero, entonces, ¿por qué se decreta el embargo de sus bienes?

Pues porque Fernando Mellet Jiménez esta siendo víctima de una actuación que hay que remediar mediante un procedimiento y una resolución judicial que así lo determine si los ciudadanos no desean que siempre haya alguien que pueda estar por encima de la Ley.

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