NO A LA LEY MORDAZA. NO AL RETROCESO HASTA LA EPOCA DEL FRANQUISMO.

La ley de Orden Público de 30 de julio de 1959, de carácter preconstitucional y basada en las leyes del antiguo régimen franquista, condujo al establecimiento normativo de limitaciones al respecto de las actuaciones de carácter publico que podían llevar a cabo los ciudadanos.

Decía su artículo segundo, por ejemplo, que eran contrarios al orden público los paros colectivos y los cierres o suspensiones de empresas, aquellos actos que originen tumultos en la vía pública y las manifestaciones que produzcan desordenes.

La autoridad gubernativa tenía con dicha ley las facultades propias para, en su caso, conservar el orden público y detener a aquellos que lo alteraran. Evidentemente, dicha actuación de la autoridad gubernativa de preservación de los actos que pudieran ser contrarios al orden público se encontraba exenta del control judicial y del sometimiento a las reglas del Código Penal. Decía, en el sentido que se apunta, el artículo 16 de dicha ley que, las Asociaciones que fomentaren o desarrollaren cualquier actividad perturbadora del orden público u organizaren reuniones o manifestaciones ilegales, serían suspendidas por las autoridades gubernativas y sus directivos y ejecutores serían sometidos a las sanciones que correspondieran.

Dicha Ley, aunque derogada por la Constitución, el Real Decreto Ley 6/1977, de 25 de enero, el Real Decreto Ley 3/1979, de 26 de enero, sobre protección ciudadana, fue expresamente derogada por la Ley Orgánica de Protección sobre la Seguridad Ciudadana de 1992.

La actual reforma de la LOPSC de 2015, con la norma que será aprobada por el Senado, nos retrotrae a aquella ley felizmente derogada por la Constitución y la Ley de 1992. Dice el Gobierno que la que Ley se pretende aprobar es necesaria por que el Código Penal va a dejar de sancionar determinados comportamientos que anteriormente eran considerados como faltas, dejando de estar sometidos a Jueces y Tribunales independientes.

Nos dice el Ministerio del Interior que será aplicable el principio de proporcionalidad en su triple dimensión de idoneidad, necesariedad y proporcionalidad, siendo estas garantías que se preservan a través de los órganos de la administración. Es decir, la autoridad gubernativa, la administración, se convierten en juez y parte de procedimientos que interfieren en los derechos fundamentales de los ciudadanos reprimiéndoles con sanciones desproporcionadas.

Sigue diciendo el Ministerio del Interior que la Ley es necesaria por el hecho de que se producen numerosos comportamientos derivados de los cambios sociales y tecnológicos que deben ser, entonces, controlados, pues se convierten en conductas antisociales que demandan una respuesta adecuada que, a juicio del actual legislador debe ser objeto de represión, y, por supuesto, eliminación, dictaminando cual es el actuar social correcto a su criterio, y controlando, por tanto, los movimientos que se realizan en el entorno de las redes sociales.

Por último, entiende el legislador del Partido Popular que la reforma se sustenta en el principio de oportunidad dado que al procederse a la reforma del Código Penal aquellas conductas que cayeran fueran de este debían ser articuladas por la Ley de Protección sobre la Seguridad Ciudadana.

El problema se avecina cuando para garantizar la seguridad ciudadana el artículo 3 establece los fines de la Ley y de la acción de los poderes públicos adjudicándoselos al Ministerio del Interior para que este establezca como debe de llevarse a cabo la preservación de la seguridad y convivencia ciudadanas, el respeto a la ley en el ejercicio de los derechos y libertades y la pacífica utilización de vía y espacios públicos.

En este punto, en el de la pacífica utilización de la vía pública, se otorga a la policía de seguridad habilitación para dictar órdenes y prohibiciones, identificación de personas, establecimientos de controles con restricciones de tránsito y zonas de seguridad en la vía pública, controles de prevención y detención, registros corporales externos, restricción de uso de videocámaras, restricciones al derecho de reunión y manifestación, todo ello en un marco de la más absoluta discrecionalidad basada en el principio de oportunidad aunque este se diga que se encuentra corregido por el principio de proporcionalidad.

En consecuencia, tras las limitaciones establecidas en la Ley queda a la potestad administrativa la imposición de sanciones sobre conductas que inicialmente quedan amparadas en el derecho de reunión o de manifestación de tal manera que con palabras muy vagas y amplias se refiere a comportamientos que afecten al pacífico disfrute de los espacios públicos o que puedan desarrollarse frente a las sedes del Congreso de los Diputados, del Senado o de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, o, simplemente, supongan el uso de imágenes no autorizadas (quien las autoriza) de miembros de las Fuerzas de Seguridad o supongan la celebración de reuniones no autorizadas en lugares de tránsito público.

Todos estos comportamientos, actuaciones normales de una ciudadanía que vive en libertad y en un estado de derecho bajo los valores superiores de libertad, justicia igualdad y pluralismos político, son sancionadas por la Ley que aprobarán y suponen, en conjunto con otras, una clara restricción de los derechos de reunión y de manifestación ampliando la esfera de intervención del Estado en los derechos individuales de los ciudadanos, volviendo al contenido de la Ley de 1959.

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