UN DIA EN LA ASISTENCIA LETRADA DE GUARDIA. SEVILLA Y LOS DERECHOS HUMANOS.

Al comenzar la mañana todo apareció tranquilo. Una vez más, el encuentro con lo compañeros cuando va a discurrir un día en la guardia de asistencia al ciudadano detenido, y ya van más de 20 años, es enriquecedor y gratificante. He de decir que desde el primer día no dejé de aprender de las experiencias de todos y cada uno de ellos.

En este último día me propuse una labor didáctica autónoma. Me propuse informar a mis compañeros y a los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado explicar que existe una forma de tratar las situaciones más allá de la interpretación estricta del artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Por ello me eché encima una copia de la Directiva de la U.E. 2013/48/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2013, sobre el derecho a la asistencia de letrado en los procesos penales y sobre el derecho a que se informe a un tercero en el momento de la privación de libertad.

También me eché encima una copia del excelente Decálogo del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid sobre la aplicación de dicha Directiva. Por cierto, magnífica la labor del ICAM para sus colegiados en este aspecto.

Y por último, también me llevé dos copias de las hojas de atestados de la Guardia Civil de los puestos de Valmojado y Alhaurín de la Torre en los cuales se reconocía el derecho a obtener información sobre el atestado que se estaba conformando y el derecho a la entrevista previa con la persona detenida en dependencias, en este caso de la Guardia Civil.

Con todo en ristre, lo primero que se vino encima fue lo siguiente. Vivimos en Sevilla, en un espacio jurídico que es una isla.

Aislados de la información, los compañeros y compañeras no conocemos como debe desarrollarse la asistencia letrada en dependencias policiales.

Diría que nos hace falta un decálogo, que se nos suministren unas directrices, a semejanza de lo que ha realizado el ICAM, difundidas debidamente, a fin de que tanto los letrados y letradas, como las fuerzas y cuerpos de seguridad, puedan realizar, cada uno, su trabajo en el entorno de lo que marca la Unión Europea, ya que esta es mucho más, bastante, que el austericidio.

Así las cosas, en animada charla con los compañeros y compañeras, llegamos al punto de entender que, depende de nosotros, dado que de momento no existe otra fórmula de hacer llegar la información a todos y todas en nuestro espacio jurídico sevillano, el realizar apostolado de la Directiva y de la extensión de la asistencia letrada a cuestiones inimaginables para los Derechos Humanos en la profunda Sevilla.

Y así salimos. Así nos fuimos, cuales Quijotes, a explicar que, a la persona detenida se le debe por el Estado de Derecho, una entrevista previa con su abogado antes de declarar para que este le asesore que actitud debe tomar, que se le informe de los hechos por los que está detenido ante su letrado y que así se recoja en la declaración y que su abogado pueda estar informado, con vista de la documentación del expediente, de la investigación que se está llevando contra el.

¿Que fue lo que nos encontramos? Encontramos dos versiones diferentes de la misma moneda. Por un lado la versión añeja del artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal representada por la Policía Nacional, y por elotro, la versión receptiva y, francamente respetuosa con los Derechos de la Directiva, de la Guardia Civil.

En esta batalla con los molinos de viento no nos fue de extrañar que al sacar la espada de las Directivas se nos negara cualquier acceso a los derechos que esta comporta. Parece ser que el Ministerio del Interior debe de haber marcado la directriz de acero en las ciudades y, los agentes de la autoridad, en actitud claramente determinada por el principio jerárquico al que se someten, no admiten la existencia de derecho alguno de los recogidos en la norma europea que, por cierto, es directamente aplicable al no haber cumplido el Estado español con la transposición de la misma en el plazo concedido y por aplicación del artículo 10.2 de la Constitución.

Que iba a ser así no nos extrañó. En ocasiones anteriores, cuando se intentaba aconsejar sobre la posibilidad de no declarar o hacerlo en el Juzgado a un ciudadano detenido, la cosa acababa con la inclusión del letrado en el atestado y la presunta queja en el Colegio de Abogados por no callar ante la declaración.

Es evidente que el agente de policía no se daba cuenta de la posibilidad de incurrir en la comisión del delito contenido en el artículo 537 del Código Penal que dice:

La autoridad o funcionario público que impida u obstaculice el derecho a la asistencia de abogado al detenido o preso, procure o favorezca la renuncia del mismo a dicha asistencia o no le informe de forma inmediata y de modo que le sea comprensible de sus derechos y de las razones de su detención, será castigado con la pena de multa de cuatro a diez meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público de dos a cuatro años.

Entretanto, la cuestión era que, como cualquier día de una guardia cualquiera, las asistencias iban sucediéndose. Un delito de denuncia falsa por el presunto robo de un móvil, una discusión entre jóvenes bebido que acaba en pelea por lanzarle un vaso a otro, etc.

Intercalado con esas declaraciones las tomas “voluntarias” de ADN. Ese archivo de ficheros irregular que se ha encargado de construir el Ministerio del Interior.

Dichas tomas de ADN mediante invasión corporal a través del frotis bucal se realizan por el sólo hecho de la existencia de una denuncia respecto de determinados delitos y, siempre, con carácter previo a la declaración de la persona detenida.

Ello incrementa la incertidumbre jurídica y la indefensión a pesar de la asistencia de letrado en la misma.

La genera por el hecho de que el letrado no puede asesorarle sobre la conveniencia o no del sometimiento a la misma ya que desconoce el contenido del atestado y no ha podido entrevistarse con la persona que se somete a la prueba.

Tras este recorrido por la Comisaría de Blas Infante, sin embargo, nos encontramos con la gratísima sorpresa del respeto a la Constitucionalidad y los Derechos Fundamentales de la Guardia Civil. Curioso. El Aljarafe sevillano entiende mejor la adaptación a los nuevos tiempos que la profunda capital sevillana.

Al exhibir la Directiva y pedir respetuosamente la entrevista previa con la persona detenida todo fue atención y deseos de cumplimentar la Ley. Además de ello. El respeto al trabajo del letrado es de una consideración tal que, evidentemente, no puede recibir más que mi alabanza.

Asistencia a una persona por impago de pensiones que no cobra prestación alguna desde hace varios años, asistencia a un mayor de edad por una denuncia por violencia de genero que le obliga a quedar detenido debido a los protocolos establecidos. Hechos habituales en la actualidad que nos refleja la sociedad en la que vivimos.

Y, cuando ya agonizaba la jornada de guardia, el asalto de la más pura realidad me dejó acongojado. A las 23.00 horas comparezco, nuevamente, en la Comisaría de Blas Infante reclamado por la necesidad de asistir a una persona. No hay inconveniente. La hora es tardía pero se encuentra dentro de la jornada que nos ocupa para asistir como letrados a las personas que lo necesitan.

Lo que sucedió fue un golpe de realidad, de esa realidad que algunos y algunas no quieren ver porque sólo miran hacia otro lado.

Los agentes de policía, claramente conscientes de la situación tan dramática que acontecía, intentan evitar el innecesario pase de una noche en el calabozo, de ahí la llamada para proceder a dar cumplimiento al derecho de asistencia letrada.

Una persona, un mayor, cincuenta y tantos o sesenta años, sin ningún antecedente.

Un padre de cualquier familia normal que podría haber estado viviendo acomodadamente en otros momentos.

Ese padre. Esa persona, había sido detenido al intentar hurtar una bicicleta en un centro comercial.

Lo habría hecho para pagar las facturas de la luz, el agua, el teléfono y comprar alimentos. Los suministros básicos y su sustento vital.

Y allí se le veía diciendo, tristemente, que, ahora, era un delincuente. Incomodo por la situación.

Avergonzado por lo que estaba acaeciendo, todos los presentes comprendíamos que la realidad dejaba un impacto.

Una fractura que algunas y algunos no quieren ver.

Una visión por la que no apuestan, configurando un abandono en toda regla.

Es la situación de los abandonados que sólo se percibe cuando se te hace un nudo al tragar los bocados de los hechos de la clara evidencia que se te derrumba encima.

Esta es, tan solo, una fotografía. Pero no de una imagen virtual. Es la fotografía de un cuadro que hay que pintar de nuevo sobre un lienzo en el que los materiales actuales son defectuosos.


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