¿PERDIÓ USTED SU VIVIENDA? ANULE EL PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN HIPOTECARIA POR CARECER DE LEGITIMACIÓN EL BANCO PARA DEMANDAR

 

  1. Si usted ha perdido su vivienda a manos de la canallada de las entidades financieras aún puede recuperarla o pedir una indemnización.

 

  1. Es una realidad palmaria que se sustenta jurídicamente en datos y no en conjeturas.

 

  1. Cada entidad fusionada o que ha absorbido a otra y ejecuta un préstamo hipotecario por la vía del procedimiento especial y sumario de la Ejecución Hipotecaria adolece de defectos claros y evidentes.

 

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  1. Ello es así porque no se cumplen los requisitos necesarios para proceder por la vía de la ejecución hipotecaria contra la persona o personas que adeudan cantidades, con independencia de su caracterización como consumidora o usuaria.

 

  1. Esta evidencia se sustenta en lo siguiente:

 

  1. Hablamos de instituciones jurídicas diferenciadas en la Ley. De este modo hay que distinguir entre una institución jurídica o negocio jurídico de préstamo por el cual alguien entrega una cantidad con la obligación de devolverla según lo pactado.

 

  1. Sin embargo otra institución jurídica, bien distinta, es la garantía hipotecaria que soporta al préstamo, la cual es, ni más ni menos, que el soporte, para el caso de impago de aquel proceder no contra la persona que adeuda el préstamo, sino contra un bien inmueble que garantiza dicha deuda.

 

  1. Siendo así las cosas, nos preguntamos, porque, en ese supuesto, se exige la responsabilidad patrimonial universal del deudor que tendrán que responder con los bienes presentes y futuros de lo que exceda de la cobertura de la deuda garantizada con la hipoteca.

 

  1. Porque el préstamo, en caso de impago, se puede reclamar por el cauce del procedimiento ordinario correspondiente lo cual tendría que dar lugar a que el prestamista acredite que es el titular del derecho que pretende reclamar, lo que no se acredita, solamente con el hecho de la cesión global de los activos por parte de la sociedad o sociedades intervinientes en el proceso de fusión o absorción, y menos, si la cesión no se ha documentado en escritura pública inscrita en el Registro de la Propiedad.

 

  1. Por el contrario, si lo que se lleva a cabo es la interposición de la ejecución de la garantía hipotecaria esta se lleva a efecto a través del procedimiento especial y sumario de ejecución hipotecaria.

 

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  1. Para actuar por este cauce se han de reunir los elementos específicos que expone la Ley.

 

  1. Si estos no se cumplen se está incurriendo en un defecto de forma que deslegitima, “ad processum” al ejecutante.

 

  1. Según CHIOVENDA, con el nombre de Legitimatio ad processum se indica, un presupuesto procesal, esto es, la capacidad de presentarse en juicio por sí o por otros.

 

  1. Con la denominación de legitimatio ad causam (o legitimidad para obrar). se expresa que para que el juez estime la demanda, no basta que considere existente el derecho, sino que es necesario que considere la identidad de la persona del actor con la persona en cuyo favor está la ley (legitimación activa).

 

  1. Con esta teoría acreditada no hemos querido llegar a pronunciarnos al respecto de la inexistencia de la legitimación para obrar, pues, en principio, nadie puede dudar de las fusiones o absorciones entre entidades financieras, pues así se constata a través de los múltiples procesos habidos y su reconocimiento en las escrituras públicas que se aportan en las ejecuciones hipotecarias.

 

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  1. En el punto de la legitimación o capacidad de obrar nos tendremos que referir a la verdadera constatación de si a través de dichas fusiones o absorciones se incluían los derechos de crédito que se dicen ostentar o si, realmente, los mismos se han transmitidos a terceros tales como los Fondos de Titulización de Activos, pues, la realidad, es que en las escrituras de fusión y absorción en las que se transmiten en globo los activos no se exponen cuales son los que realmente se ceden.

 

  1. No desconocemos la postura única de algunas Audiencias Provinciales como la de Sevilla, entre otras, en virtud de la cual la transmisión en globo de los activos supone una legitimación ad causam y ad procesum para reclamar.

 

  1. No obstante, esta postura, la consideramos contraria al contenido del artículo 149 de la ley Hipotecaria y demás normas concordantes.

 

  1. Autos como el de 1 de octubre de 2015 de la Audiencia Provincial de Madrid, exponen que la falta de inscripción registral de la entidad que interpone la demanda de ejecución determina debe suponer el archivo de la ejecución por no cumplirse un presupuesto formal necesario para posibilitar al ejecutante cesionario acudir al procedimiento privilegiado, lo cual está fuera del ámbito del procedimiento de subsanación contenido en la norma citada, conforme al fundamento de derecho tercero del citado auto.

 

  1. Esta posición es la única que no vacía de contenido el artículo 149 de la Ley Hipotecaria.

 

  1. Atendiendo a lo que dispone el citado auto de 1 de octubre de 2015, este se sustenta en la sentencia del Tribunal Supremo, la de 16 de diciembre de 2009, que expone en su fundamento de derecho DECIMOCUARTO lo que sigue.

 

  1. (sic)“El art. 149 admite que puede cederse, (1) siempre que se haga en escritura pública y (2) se dé conocimiento al deudor y (3) se inscriba en el Registro. La falta de notificación no afecta a la validez, pero conforme con el art. 151 LH si se omite dar conocimiento al deudor de la cesión (en los casos en que deba hacerse) será el cedente responsable de los perjuicios que pueda sufrir el cesionario por consecuencia de esta falta. Es cierto que el art. 242 RH admite que el deudor renuncia a que se le dé conocimiento del contrato de cesión del crédito hipotecario, pero dicho precepto no prevalece sobre la normativa especial en sede de contratos sujetos a la LGDCU que sanciona como abusivas “Todas aquellas estipulaciones no negociadas individualmente que en contra de las exigencias de la buena fe causen, en perjuicio del consumidor, un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato.”

 

  1. De lo expuesto, por tanto, se extrae, claramente, que la cesión de un crédito respecto de una persona considerada consumidora o usuaria realizada sin notificación no es válida. La cláusula de renuncia a la notificación de la cesión es nula, por tanto.

 

  1. Y segundo, la cesión realizada, será válida siempre que se haga en escritura pública y sea inscrita en el Registro de la Propiedad, circunstancia esta que en absoluto será aplicable a los no consumidores o usuarios, no afectando a la validez la falta de la notificación de la cesión pero si la renuncia anticipada a la misma, según dicha resolución, a los consumidores.

 

  1. Considerado lo anterior, si serían afectantes a la validez los requisitos del otorgamiento de escritura para la cesión del crédito y la inscripción registral y, en consecuencia, cualquier ejecución, no sólo respecto de consumidores y usuarios, que se iniciara sin dichas formalidades necesarias para posibilitar al ejecutante cesionario acudir al procedimiento privilegiado, no debería ser admitida y estaría fuera del ámbito del procedimiento de subsanación contenido en la norma citada.

 

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  1. Con esta disposicion, la cuestión es que, al realizarse las cesiones en globo de activos en caso de fusiones o absorciones tampoco quedaría amparada la ausencia del requisito formal de la inscripción registral como elemento necesario para la admisión de la demanda de ejecución hipotecaria.

 

  1. Estas cesiones globales “procuradas” por la legislación contenida en la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles -anterior, por cierto, a las fechas de la sentencia del Tribunal Supremo, de 19 de diciembre de 2009 y del auto de la Audiencia Provincial de Madrid, de 1 de octubre de 2015-, sólo dispondrían una regulación específica con relación a la escisión global del activo y la transmisión en bloque por cesión universal de todo o parte del patrimonio de las sociedades mercantiles,pero dicha ley no derogaría ni modificaría los artículos 1526 del Código Civil y 149 de la Ley Hipotecaria que exigen la inscripción de la cesión en el Registro de la Propiedad, y si no hubiera sido la voluntad del legislador esa así lo habría establecido de modo expreso, por lo que tal omisión no puede ser suplida por una interpretación voluntarista, que tenga por objeto dulcificar en beneficio del acreedor el régimen de un proceso de ejecución eminentemente formal y especialmente privilegiado, que reduce extraordinariamente las posibilidades de oposición del deudor.

 

  1. De este modo, siendo la clausula de renuncia a la notificación de la cesión abusiva por encontrarse en contra de lo dispuesto en la ley de consumidores y usuarios, como expone la sentencia del Tribunal Supremo, de 19 de diciembre de 2009 al impedir al ejecutado el conocimiento a fondo de la legitimación activa del ejecutante y, al encontrarnos ante una garantía sustentada en el préstamo encaminada a poder ser ejecutada, en caso de impago, mediante un procedimiento sumario y especial, en el que los medios de oposición son escasos, y si a ello le unimos que el titular del préstamo puede utilizar otros medios alternativos para reclamar la deuda con lo que no le causa indefensión el hecho de no tener inscrito el título pudiendo proceder a reclamar la deuda por otro procedimiento, el hecho de que se le exija, para proceder por la vía de la ejecución de la hipoteca, el requisito de la inscripción de la titularidad de la garantía hipotecaria a favor del ejecutante es una formalidad inexcusable que se confirma con la  letra del artículo 149 de la Ley Hipotecaria reformado por Ley 41/2007, de 7 de diciembre, que, entendido de otro modo, quedaría vacío de contenido.

 

  1. Ello explicaría que las sentencias del Tribunal Supremo de 26 de junio de 1989 y de 16 de diciembre de 2009, referidas en el auto de 1 de octubre de 2015 de la Audiencia Provincial de Madrid, no entren en colisión en lo que respecta a la interpretación del citado precepto y que nos encontráramos ante una doctrina del Tribunal Supremo que, en vez de quedar contradicha entre ambas resoluciones, confirma lo expuesto al respecto de la necesidad de la inscripción del crédito a favor del ejecutante para proceder sumariamente por la vía de la ejecución hipotecaria.

 

  1. A la vista de lo expuesto no sólo es que se incumpliera lo dispuesto en el artículo 149 de la Ley Hipotecaria, es que, además, no se acredite la capacidad y el carácter con el que se dice demandar, lo que infringiría lo dispuesto en el artículo 559.1.2º de la Ley de Enjuiciamiento Civil, al no acreditar la legitimación “ad processum”, sin entrar a valorar en la legitimación “ad causam”, que supondría la auténtica justificación de la verdadera titularidad del préstamo.

 

  1. Esta legitimación causal, inicialmente se cumpliría, inscribiéndose la escritura pública, en la que constara específicamente el préstamo garantizado con garantía hipotecaria, en el Registro de la Propiedad.

 

  1. Bajo mi criterio, la no constatación en el Registro de la Propiedad de dicha escritura de cesión específica, es una prueba, evidente, de que el derecho subjetivo en que se sustenta la garantía hipotecaria no le pertenece a quien inicia la ejecución.

 

  1. Una prueba de lo anterior, aún más evidente, es que cuando, posteriormente se procede a instarse la subasta y a presentarse los títulos de ejecución inscritos en el Registro la entidad que inicia la ejecución esta no ha inscrito nada nuevo que acredite que puede instar la subasta o asistir a ella con derecho para adjudicarse el bien o cederlo en remate a un tercero.

 

  1. Todo ello nos conduce a que, al no subsanar dicha acreditación, bajo la posibilidad de que no se adjudique el bien objeto de ejecución, que el derecho subjetivo que se dice cedido, no pueda llevarse al registro porque a quien le pertenece es un Fondo de Titulización de Activos que, si que puede inscribir su derecho en el Registro de la Propiedad.

 

  1. En este vacío, lógicamente, sólo podemos llegar a una acreditación de la pertenencia del título de dos formas. Encontrando el préstamo titulizado entre la maraña de los anexos de las escrituras de constitución de los Fondos, o, mediante la constatación contable de la tenencia del préstamo en las cuentas de la entidad financiera, cuentas que tienen que ser depositadas en el Banco de España.

 

  1. Ahora bien, si nos encontramos con que la inmensa mayoría de los préstamos hipotecarios de las entidades financieras españolas se encuentra cedidos a Fondos de Titulización, ¿porque, estos no tienen inscritos sus títulos en el Registro de la Propiedad?

 

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  1. El artículo 27 del Real Decreto Ley 6/2010, de 9 de abril, de medidas para el impulso de la recuperación económica y el empleo añade un nuevo párrafo al apartado 2 de la Disposición Adicional Quinta de la Ley 3/1994, de 14 de abril, en virtud del cual se faculta a los Fondos de Titulización Hipotecaria y Fondos de Titulización de Activos para ser titulares de bienes inmuebles que sean percibidos en pago de principal, intereses o gastos de las participaciones hipotecarias, certificados de transmisión de hipoteca, activos financieros u otros derechos de crédito que se hubieren agrupado en su activo, permitiendo la inscripción a su favor en el Registro de la Propiedad de los inmuebles así adquiridos.

 

  1. Han desaparecido así, los obstáculos que existían en nuestra legislación para la inscripción de bienes inmuebles a favor de estos fondos. Estos eran:

 

— Falta de personalidad jurídica de estos Fondos, sin que existiera norma de rango legal que permitiera la inscripción de bienes a su nombre en el Registro de la Propiedad, al contrario de lo que sucede con los Fondos de Inversión Inmobiliaria.

— Imposibilidad de que los bienes inmuebles integren el activo dichos Fondos.

  1. Sin embargo, de este artículo 27 no resulta que estos Fondos puedan ser titulares de cualquier bien inmueble ya que no se ha modificado el artículo 2 del RD 926/1998, de 14 de mayo, sino únicamente de aquellos que sean percibidos en pago de principal, intereses o gastos de los créditos que se hubieren agrupado en su activo, por resolución de cualquier procedimiento judicial o extrajudicial iniciado para el cobro de tales derechos de crédito; en particular y sin ánimo limitativo, por producto del remate de procedimientos de ejecución de garantías hipotecarias o no hipotecarias, por la enajenación o explotación de los inmuebles o bienes o valores adjudicados o dados en pago o, como consecuencia de las citadas ejecuciones, en administración y posesión interina de los inmuebles, bienes o valores en proceso de ejecución.

 

  1. Es decir, ha de tratarse de aquellos bienes inmuebles dados en garantía de los créditos cedidos a los fondos.

 

  1. En este punto, por tanto, hay que tener en cuenta que la ejecución del préstamo o crédito participado a consecuencia de la falta de pago del deudor corresponde es al Fondo en cuanto titular, el que tiene, además, las facultades de: compeler a la Entidad Cedente emisora para que inste la ejecución hipotecaria; concurrir en igualdad de derechos que la Entidad cedente en la ejecución que ésta siga contra el deudor, una vez compelida; o ejercitar, por subrogación, la acción hipotecaria del préstamo o crédito participado si la Entidad cedente no insta la ejecución, una vez compelida, o si, una vez iniciada ésta, se paraliza.

 

  1. Por otro lado, al carecer estos fondos de titulización de personalidad jurídica y actuar en el tráfico jurídico a través de una Sociedad Gestora que los administra, gestiona y representa, será necesario hacer constar en la inscripción que se practique en el Registro de la Propiedad tras la adjudicación, además de los propios de la escritura de constitución del Fondo de Titulización, las circunstancias de la Sociedad Gestora -escritura de constitución, domicilio, C.I.F. y datos de inscripción en el Registro Mercantil-.

 

  1. En consecuencia, para la inscripción de estos bienes inmuebles en el Registro de la Propiedad a favor de los Fondos de Titulización deberá constar:

 

  1. a) La escritura de constitución del Fondo y las circunstancias de la Sociedad Gestora que lo administre y represente.
  2. b) Que el préstamo o crédito hipotecario que se ha ejecutado o en cuyo pago se da el inmueble, ha sido cedido al Fondo de Titulización mediante la emisión de participaciones hipotecarias (Fondos de Titulización Hipotecaria) o certificados de transmisión de hipoteca (Fondos de Titulización de Activos). En la escritura de constitución del Fondo deberá constar que préstamo hipotecario corresponde cada certificado de transmisión de hipoteca emitido.
  3. Sin embargo, la entidad cedente no puede instar, por si misma la ejecución hipotecaria de un crédito que no le pertenece.

 

  1. Así las cosas, tenemos, por un lado, miles de ejecuciones hipotecarias iniciadas sin reunir los requisitos procesales necesarios al no tener inscritos sus derechos en el Registro de la Propiedad tras las cesiones de activos operadas a través de las fusiones y absorciones llevadas a cabo.

 

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  1. Por otro lado, esta falta de legitimación ad processum no se subsana, ni cuando se insta la subasta para su adjudicación o cesión de remate a un tercero.

 

  1. Por el contrario, en la mayor parte de los supuestos en los cuales no aparecen postores externos y no se ha recurrido el decreto por el cual se inicia el proceso de subasta, o, incluso apareciendo, quien si comparece a la subasta es una entidad inmobiliaria participada íntegramente por la entidad financiera ejecutante.

 

  1. Esto supone, en una gran mayoría de los supuestos, un fraude de ley que, en ocasiones, determina la pérdida de derechos del ejecutado, porque la adjudicación se realiza por un importe menor, quedando un mayor importe de pago de responsabilidad futura para aquel.

 

  1. En ocasiones el fraude se produce por el hecho de que existiendo un valor de tasación a efectos de subasta, que el del importe de adjudicación en caso de no concurrir postores, no se consigna remanente al intervenir un postor, aún siendo éste, la misma entidad ejecutante que se representa mediante una sociedad interpuesta participada.

 

  1. Y, todo esto que demuestra, que las entidades financieras no son las titulares de los créditos que reclaman en ejecuciones hipotecarias. Lógicamente, si de un proceso ordinario se tratara las posibilidades de oponer la falta de legitimación activa del demandante serían mucho mayores que en el proceso de ejecución sumario.

 

  1. Ello nos conduce a la acreditación de la titularidad del préstamo por parte de la entidad demandante o ejecutante.

 

  1. Está claro que la localización del préstamo en el anexo de una escritura de constitución de un Fondo de Titulización de Activos es una de las formas de acreditar tal circunstancia.

 

  1. Sin embargo, la única fórmula, la definitiva, de acreditar si el banco ejecutante es la entidad titular del préstamo, se ha de obtener mediante la certificación de la situación de la cuenta especial contable de cada hipoteca conforme a lo expuesto en las normas de la Circular 4/2004 del Banco de España y el Real Decreto 216/2008, la cual ha de ser solicitada mediante una diligencia preliminar al Juzgado.

 

  1. De este modo, sólo de este modo, no podremos conjeturar con el engaño de la entidad financiera, la cual se mostrará evidente.

 

  1. No obstante, como instrumento jurídico que determina, apriorísticamente, dicha falta de legitimación, una vez comprobado que el crédito ha sido cedido, bien por localizar el préstamo, o bien, por certificarse contablemente su exclusión del activo de la entidad financiera, la observamos en la falta de sustento legal en la reclamación. Dice el Auto de 6 de marzo de 2015. Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Fuenlabrada. Ponente DON JESÚS ALEMANY EGUIDAZU.

 

  1. El artículo 579.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, con su referencia al «ejecutante», no es una norma atributiva de legitimación activa al que inicia el proceso de ejecución hipotecaria.

 

  1. Antes bien, la ejecución complementaria remedia la circunstancia legal de que el proceso de ejecución sumario regulado en el viejo artículo 131 de la Ley Hipotecaria tenía carácter especial o singular, ya que se agotaba en la realización del bien o los bienes gravados con la hipoteca y, al carecer de la naturaleza de proceso de ejecución universal, no permitía la ejecución posterior de cualesquiera otros bienes del deudor que no fueran los hipotecados.

 

  1. Además, tras la Ley 37/2011, de 10 de octubre, de medidas de agilización procesal, queda claro que para la incoación de una ejecución ordinaria general se basta la simple petición del acreedor, aun sin una nueva demanda de ejecución y, en lo que más nos interesa, la continuación del procedimiento requiere un nuevo despacho de ejecución -acto jurisdiccional de incoación del proceso de ejecución si concurren los presupuestos y requisitos-.

 

  1. El Preámbulo de la Ley explica que se trató de aclarar «aspectos relativos a la relación entre la ejecución especial hipotecaria y la ordinaria, precisando la forma en que la ejecución especial, dirigida contra determinados bienes, pasa a convertirse en general, dirigida contra todo el patrimonio de los responsables».

 

  1. Se trata de un fenómeno de conversión del proceso de ejecución hipotecaria en una ejecución ordinaria (AAP Zaragoza 4ª 565/2010, 16.12) o de transformación procedimental (AAP Madrid 18ª 168/2007, 23.7), esencialmente por razones de economía procesal ( SAP Las Palmas 4ª 203/2010, 19.4 ). Tomando los términos de la doctrina clásica (CARNELUTTI, Sistema , IV, § 735-6, 743), se trata de una conversión compleja, primeramente del litigio, por cambio de la pretensión o “modificación causal” de la acción hipotecaria a la acción personal de responsabilidad patrimonial universal; a lo que se añade una modificación del proceso durante el procedimiento de ejecución, variando de una ejecución hipotecaria singular a una ejecución ordinaria general.

 

  1. Pues bien, el nuevo despacho de tal ejecución general conlleva un nuevo examen de los presupuestos procesales en el momento del despacho, así como la posibilidad de que el ejecutado se oponga al despacho, también por defectos procesales como una falta de legitimación activa.

 

  1. En trance del segundo despacho, el tribunal no puede obviar que el cedente de un crédito solo puede instar la ejecución, en su caso, por alguna legitimación extraordinaria. Una vez agotada la acción hipotecaria ( ex 104 LH , v. AAP Madrid 14ª 12/2012, 27.1), ninguna norma confiere legitimación extraordinaria para la incoación de una ejecución general con fundamento en un derecho ya cedido totalmente.

 

  1. Por otra parte, la mayoría de los cánones hermenéuticos no justifican que la sola mención al “ejecutante” del artículo 579 de la Ley rituaria sirva para perpetuar la legitimación extraordinaria de la entidad emisora:

 

  1. (1º) Históricamente, ha podido tener alguna justificación el concepto de “parte oficial” como hipótesis de legitimación indirecta aplicable principalmente a «los que intervienen como sujetos de un proceso en que figuran masas patrimoniales cuya pertenencia a un titular personal es dudosa» (GUASP, Comentarios , 123) o ha sido conveniente acudir para este propósito a la figura de la sustitución procesal (DE LA PLAZA, Derecho procesal civil español , I3, 280; antes, da cuenta de diversas aproximaciones teóricas, CHIOVENDA, Principios, § 35 I). Mas esta justificación no es aceptable desde que la representación legal de los fondos de titulización corresponde a su sociedad gestora y los fondos pueden ser titulares y aprovechar el producto de «de cualquier procedimiento judicial o extrajudicial iniciado para el cobro de tales derechos de crédito» ( art. 27 Real Decretoley 6/2010 ).

 

  1. (2º) Lógicamente, la premisa implícita en la continuación de la ejecución por el “ejecutante” es que el ejecutante es el acreedor y que el acreedor hipotecario ejecutante es la persona ordinariamente legitimada por la titularidad del crédito parcialmente insatisfecho y por ello puede pedir la incoación de una ejecución general «contra quienes proceda» (incluyendo a los fiadores, claramente desde la Ley 1/2013, v. AA. AP Castellón 3ª 99/2012, 5.6 y Madrid 21ª 94/2013, 12.3 ). El Legislador piensa en el ejecutante-acreedor, como lo hace la jurisprudencia (v. STS 1ª Pleno 768/2014, 13.1.2015 , § 7, últ.).

 

  1. (3º) Sistemáticamente, la norma procesal especial desplaza a la general, luego la norma general no debe invocarse para alterar la regulación específica de la legitimación procesal especial, ampliando la legitimación extraordinaria de la entidad emisora, máxime cuando el Legislador ha reformado en varias ocasiones posteriores la legislación especial sin extender la legitimación extraordinaria más allá de la acción real hipotecaria.

 

  1. (4º) Teleológicamente, adviértase que el principio de la perpetuatio legitimationis es un remedio de conveniencia política contra la alteración, durante el procedimiento, de los hechos de los cuales deriva la legitimación de las partes (CARNELUTTI, cit., § 742 y PRIETO-CASTRO, Tratado , I2, 317). Sin embargo, cuando la cesión del crédito es previa a la demanda de ejecución ordinaria, no hay alteraciones sobrevenidas y los interesados ya conocen las consecuencias de que la acción la interponga el emisor o el partícipe. Es más, el ejecutado tiene un interés digno de protección en que a su ejecución comparezca el fondo adjudicatario de la vivienda, al menos porque solo con el Fondo (quien puede disponer del crédito) podrá alcanzar una eventual transacción y porque al Fondo le será oponible, en su caso, la excepción de reducción de deuda por plusvalía ( art. 579.2 b] LEC ). Con razón, la coejecutada se opone al despacho alegando que la plusvalía nocoincidirá con la diferencia entre el precio de remate y el de una posible venta por el Fondo, porque el Fondo, en realidad, habrá adquirido el crédito por un precio probablemente inferior, precio de compra del crédito y de reventa de la vivienda que la parte ejecutada tiene derecho a conocer.

 

  1. E) Conclusión.- Cabe razonablemente concluir que en supuestos en los que la participación del partícipe en el préstamo hipotecario es total, la entidad emisora de la participación hipotecaria carece de legitimación para instar el despacho de la ejecución complementaria (art. 579.1 LEC).

 

  1. La cursiva se corresponde con el Auto de 6 de marzo de 2015. Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Fuenlabrada. Ponente DON JESÚS ALEMANY EGUIDAZU.

 

  1. Nuestra conclusión: Carecer de legitimación activa no determina, por si, la inexistencia del pago futuro respecto del crédito, pero si garantiza que sólo es el Fondo de Titulización de Activos quien puede proceder interviniendo o compeliendo a otros el inicio de una ejecución y que son sus integrantes los que pueden reclamar el mismo al carecer de personalidad jurídica el propio Fondo.

 

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  1. Ante ello, cualquiera que se hay visto en alguna de estas situaciones puede pedir la anulación del proceso de ejecución en el que se ha visto inmerso, solicitar la devolución de la vivienda o una indemnización en caso de que no fuera posible.

 


6 respuestas a “¿PERDIÓ USTED SU VIVIENDA? ANULE EL PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN HIPOTECARIA POR CARECER DE LEGITIMACIÓN EL BANCO PARA DEMANDAR

  1. Buenas tardes. En mi caso tenía una hipoteca multi-divisa en yenes japoneses. Me quedé sin trabajo, añadiendo la crisis y maremoto de Japón junto con caída de la moneda, mi hipoteca casi triplicó la cuota que no podía pagar. Tras intentos infructuosos de negociación con esta entidad, después de un largo proceso se la adjudicaron por el máximo posible, cantidad ésta que supera con creces la cantidad inicial del préstamo. Aún así, me dejan con una deuda importante y me meten en la Cirbe en calidad de morosa sin haber desde Noviembre de 2014 reclamado la cantidad pendiente, podría haber alguna alternativa para solucionar algo? Gracias

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    1. Sobre la hipoteca multidivisa existe jurisprudencia del Tribunal Supremo. Es un producto financiero complejo que igualmente podría ser anulado y repetir contra la entidad financiera. Hay que estudiarlo con la documentación correspondiente.

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  2. Hola,si mi hipoteca ha sido cedidad a un fondo de titulizacion, por menor importe que el credito que se me otorgo. ¿Podria instar el derecho de tanteo y retracto para recomprar por mi parte el credito original por el mismo valor que mi banco vendio mi hipoteca al fondo?

    Fantastico trabajo. Enhorabuena!!

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  3. Hola, me parece esto muy interesante, pero que pasa si ya te han ejecutado tu bien hace un año o más? Estás a tiempo de reclamar? Esto afecta igual a viviendas como a otros bienes? Le afecta también a empresas? Es decir, si es una empresa la titular del bien, también podría reclamar. Muchas preguntas , saludos

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