EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL ¿UNA REFORMA PARA SU INDEPENDENCIA O PARA LA DEFENSA DE LAS CORPORACIONES?

Se nos viene diciendo que es imprescindible la reforma de la elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial y que, por ello, los partidos que pretenden formar gobierno se han puesto manos a la obra conformando un pacto en el que se proceda a una elección de los integrantes del máximo órgano de gobierno de jueces y magistrados realizada, en su gran mayoría, por su integrantes.

Este matiz, ampliamente discutido durante épocas del estado constitucional actual, siempre ha sido objeto de controversia por los partidos políticos alternantes hasta la fecha. La cuestión era, y, es, que mientras existía un reparto del poder político entre el PP y el PSOE, la “independencia” estaba garantizada conforme a los propios intereses partidistas de cada uno. La elección de los miembros del C.G.P.J. se realizaba por  los parlamentarios en su totalidad, estableciendo las fórmulas para determinar una alternancia entre estos partidos.

 

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Llegado el momento actual en el que la opinión de la ciudadanía se diversifica de forma evidente, los firmantes del pacto han decidido que, con clara infracción de la soberanía de la ciudadanía, los magistrados y jueces elijan, ellos mismos, a 3/5 partes del Consejo, pasando de ser un sistema de elección de participación indirecta de la ciudadanía en la elección de los miembros del órgano de gobierno de los jueces, como lo es actualmente, a ser un sistema corporativo en el que, de forma endogámica, jueces y magistrados eligen quienes lo conforman.

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En estas circunstancias, no se puede olvidar que el Poder Judicial es uno de los tres que conforman el Estado Constitucional siendo el baluarte y última frontera ante los abusos del poder político y de la administración ejecutiva, y que, por tanto, no puede quedar exento del control de los ciudadanos, puesto, que, una vez que se conforme este por una mayoría cualificada de sus componentes, las decisiones que se adopten podrán realizarse sin atender las necesidades de la ciudadanía y atendiendo a las intereses, aún más si cabe que hasta ahora, de los partidos políticos y las corporaciones que, subrepticiamente, se infiltran en la piel de la judicatura.

Igualmente, tampoco es desdeñable que no se obvie cual es la conformación actual de la magistratura, puesto que de los 5352 jueces y magistrados existentes a fecha de septiembre de 2015, la inmensa mayoría de los que se encuentran afiliados lo son a la Asociación Profesional de la Magistratura, la más cercana al PP y de tendencia conservadora, siendo esta la que copa la mayor parte de los puestos en el máximo órgano de gobierno de los jueces, así como en los de los distintos decanatos de las circunscripciones judiciales.

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Por ello, a juicio del que escribe, y conforme a lo expuesto en el artículo 122 de la Constitución, la elección de los 12 miembros que no son elegidos a propuesta del Congreso y del Senado, ya que la ley orgánica no lo impediría, deberían ser seleccionados directamente, en votación, por los ciudadanos en atención a los méritos que mostrasen durante el tiempo en que hubieran ejercido su profesión, garantizando, con ello, que las voces de las diversas sensibilidades sociales fueran oídas en el máximo órgano de gobierno de los jueces y magistrados. Lo demás es conservar el estado actual de las cosas e incluso reconvertirlo hacía un estado aún más proclive a las redefiniciones de los términos cercanos a la corrupción tal y como el pacto reseñado, parece ser, propone.

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