LA LEY Y EL ESTADO DE DESECHO. SOBERANIA POPULAR FRENTE A SOBERANIA CORPORATIVA.

Hace años, bastantes, cuando estudiaba la licenciatura de derecho, una expresión me dejó sorprendido. En realidad, no pude creer lo que escuchaba. Quien pronunciaba la frase no era una persona que la dijera sin sentido. Todo lo contrario. Por ello, desde aquel instante, no dejó de estar presente en mi pensamiento jurídico aquella manifestación. La expresión era la siguiente: la Ley, como norma general se encontraba en crisis.
Con el tiempo, esa alocución, bajo mi punto de vista, se ha dispuesto cada vez más presente en la realidad que nos rodea, sin lugar a dudas.
Las razones que, evidentemente, me conducen a asumir este concepto, incluso a matizarlo en mayor profundidad, alcanzando el grado de depresión de la norma hasta ponerla al borde de su finiquito, si no lo ha alcanzado tal estado a estas alturas, son diversas y variadas y, lógicamente, tendrían que ser objeto de un estudio de mayor profundidad, no obstante, desde un punto de vista liviano y comprensible me propongo abordarlas en este post.
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La primera razón por la que entiendo que la ley, como norma, se encuentra en crisis o, incluso ha fallecido, es por el hecho de que esta, actualmente, no es la expresión de la voluntad popular.
Lo razono someramente.
Los artículos 81 y siguientes de la Constitución Española de 1978 determinan el modo en que se ha de proceder para que una ley sea elaborada. Esta reside, en lo que respecta a su iniciativa, conforme al artículo 87 de la misma norma, en el Gobierno, el Congreso y el Senado, estableciéndose la posibilidad de que la iniciativa legislativa sea popular y de que las asambleas legislativas de las comunidades autónomas propongan una alternativa al inicio de este proceso.
Derivando de lo expuesto, por tanto, son los representantes elegidos por los ciudadanos, y estos mismos, los que tienen la iniciativa para que comience el proceso de gestación de una ley. Sin embargo, este proceso de iniciativa se ve alterado por la emanación de otras disposiciones que pueden ser directamente elaboradas y aprobadas por el gobierno, como lo son los Decretos Ley y Decretos Legislativos.
Estas disposiciones, sin bien es cierto que gozan de la legitimidad democrática al elaborarse por el órgano ejecutivo, el Gobierno, cuyo máximo dirigente, su Presidente, ha sido elegido por el Congreso de los Diputados, elegido en elecciones democráticas, difiere la iniciativa de la proposición normativa, en favor de un órgano que no es expresión directa de la voluntad popular.
Así las cosas, el Gobierno, como sucede en los mandatos recientes de las legislaturas previas a la actual, se convierte en el máximo exponente de la elaboración normativa dejando en un margen muy restringido tanto a la iniciativa parlamentaria como a la iniciativa popular.
No obstante lo anterior, la realidad es que, en la legitimación de la iniciativa legislativa de la norma, sea de un modo u otro, directa o indirectamente, se muestra partícipe la voluntad popular.
Sin embargo, siendo que la estructura de la iniciativa y la elaboración de las disposiciones normativas con rango de Ley, Decreto-ley y Decreto Legislativo, la legitimación y el procedimiento, se fundamentan en dicha voluntad popular expresada a través de las elecciones, como digo, de forma directa o indirecta, en lo que no participa dicha manifestación es en el espíritu de la norma. Ahora lo aclaro.
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Como es lógico, dado que las disposiciones que se elaboran se llevan a cabo para que tengan efecto respecto de los ciudadanos que desean dotarse de una autorregulación, su contenido debe ser acorde  a la decisión de la mayoría y no a la de una minoría mayoritaria.
Es decir, cuando se decide dictar una norma esta debe obedecer a un contenido que, afectando a todo los ciudadanos, no perjudique a una minoría, debiendo adaptarse, en todo caso, a la realidad social en la que se vive.
Valga un ejemplo para lo anterior que, además, sirve para una gran variedad de supuestos. Las disposiciones normativas de la legislación hipotecaria y de las reglas que imponen el proceso de ejecución de estas en caso de impago, así como la regulación de las titulizaciones de los activos hipotecarios, no se han adaptado a la realidad normativa de las Directivas de la Unión Europea ni a la realidad social del tiempo en el que se tenían que aplicar.
Esto es una evidencia. Y siendo una evidencia, también lo es que las normas que regulan estos aspectos, han mostrado un notorio perjuicio para una gran parte de los que conforman la sociedad frente a una ínfima parte de ella. Es decir, se ha perjudicado a muchos ciudadanos favoreciendo a las entidades financieras, sin la más mínima posibilidad de dotar de una solución adecuada a los desfavorecidos.
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Dicha falta de espíritu en la expresión de la voluntad popular en la norma emanada, como fórmula de solución de la problemática de la ciudadanía en general es la que determina la pérdida de protagonismo de la ley en la autorregulación normativa de un Estado, pudiendo, además, llegar a afirmarse que la ley, como norma, se encuentra en una gravísima crisis o que incluso, ha fallecido por faltar este elemento espiritual.
Con la falta del espíritu de la ley, la respuesta a las necesidades de la ciudadanía ni se ven satisfechas, ni, tampoco, se determinan soluciones a sus problemáticas, más allá de  lo anterior, el legislador se dedica a favorecer a unas corporaciones que se sirven de las disposiciones que se dictan para avanzar en su ansiada perpetuación y fundamento del sistema establecido, por encima de los propios ciudadanos, ya que, estos, no pueden aportar la solidez y reafirmación de lo que sobrevive a duras penas este sistema, retroalimentándose en unas profundidades oscuras y desconocidas para la inmensa mayoría (por ejemplo la titulizacion de activos hipotecarios o hipotecas subprime) y utilizando al ciudadano como objeto que se fagocita para procurar su finalidad.
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De este modo, la Ley se ha convertido en un instrumento prostituido en contra de aquellos que  depositaron su soberanía en sus representantes, puesto que la legislación ha dejado de proteger a los ciudadanos en favor de estas corporaciones. Estas son las que proponen el contenido de la disposición en cooperación con los elegidos por los representados de tal modo que bajo la nebulosa de compartir un estado democrático, -pseudodemocratico- en realidad, y de derecho, que no protege a los ciudadanos, conforman un traje a su medida para, así, obtener una rentabilidad palmaria en orden a la obtención de beneficios en contra del Estado Social, Democrático y de Derecho.
En definitiva, de forma continuada y en breves, pero espaciados sorbos, desmantelando el Estado Constitucional, hacen creer al ciudadano que aún tiene capacidad de decidir sobre las cuestiones que les afectan porque eligen a los parlamentarios y al gobierno, cuando esto solo es el producto de una pantomima que deriva en una producción legislativa interesada para los agentes económicos.
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A todo lo anterior se une la segunda razón que implica la pérdida de la intervención soberana de los ciudadanos. La Ley pierde toda su fuerza cuando es la Directiva emitida por la Comisión de la Unión Europea la que determina los extremos en los que se ha de mover la legislación. La Comisión, como bien se conoce, no es un órgano legitimado por la ciudadanía. No obstante, sus normas, las Directivas, entre otras, deben ser aceptadas por los Estados miembros adaptando la legislación a dichas reglas, o siendo directamente aplicables en el supuesto de que no se adapte la legislación en el plazo dispuesto. En cualquier caso, las Directivas no dejan de ser normas que devienen de lo que el ejecutivo de la Unión, la Comisión, elegido por los gobiernos de los Estados miembros, establezca, sin que el ciudadano pueda participar de dichas decisiones, de una forma u otra, pues, ni puede elegir a los miembros de la Comisión, ni puede reprobar, de ningún modo, las decisiones que se adopten.
De este modo, la complejidad del entramado dispositivo legislativo, su conformación, y la relación entre estas normas, su elaboración y la escasa o nula intervención en las decisiones por parte de los ciudadanos convierten a la voluntad popular, en el rehén de las corporaciones que mantienen un amplio margen de maniobra al no existir una autorregulación suficiente por la que los representantes, los parlamentarios y los miembros de los gobiernos, se sometan a las decisiones de la voluntad de la ciudadanía.

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