LA PENA DE INHABILITACION ESPECIAL PARA EMPLEO O CARGO PUBLICO.

Según la sentencia del Tribunal Supremo de 18 de octubre de 1993, ponente Don José Antonio Martín Pallín, al exponer la extensión del contenido de lo que debe entenderse por pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público manifiesta:

“El sistema punitivo establece una diferenciación esencial entre las penas de inhabilitación absoluta e inhabilitación especial que regula en preceptos distintos y con diferente extensión y contenido. El efecto de la inhabilitación absoluta es prácticamente ilimitado y se extiende a la privación de todos los honores, empleos y cargos públicos que tuviere el penado aunque fueren electivos. Sus efectos expansivos se proyectan sobre la privación del derecho de elegir y ser elegido para cargos públicos durante el tiempo de la condena y termina por abarcar la incapacidad para acceder a los honores, cargos y derechos anteriormente mencionados durante todo el tiempo de la condena.”

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La inhabilitación especial, por tanto, limita sus efectos a los cargos públicos sobre los que específicamente recayere la pena y los honores anejos a él, privando al condenado de la posibilidad de desempeñarlos mientras dure la condena impuesta. El artículo 42 del Código Penal, actual, extiende la afectación de cargos a la imposibilidad de obtener otros análogos durante la duración de la condena, siempre que la sentencia lo determine así.

Esta pena puede ser grave o menos grave (artículo 33.2 y 3 C.P.), hasta cinco años sería la menos grave, pudiendo alcanzar una duración máxima de hasta 30 años.

Tiene el carácter de accesoria respecto de la prisión de hasta diez años, si el empleo o cargo público hubieran tenido relación directa con el delito cometido.

Sus efectos son precisos hasta cierto punto. La privación es definitiva, respecto del cargo o empleo que viniera desarrollando, aunque fuera por vía de la elección.

Los efectos de la incapacidad conllevan la imposibilidad expresa de obtener el mismo empleo o cargo u otro análogo, debiendo, en su caso, especificar la sentencia, a cual o cuales se extiende, determinándose “en un sentido restrictivo y no omincomprensivo.”

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Esta pena de inhabilitación especial se distingue de la inhabilitación absoluta en el sentido de hacer imposible de obtener y desarrollar el mismo u otro cargo público y ser elegido durante el tiempo que dure la condena, aunque el desarrollo del empleo público no se hubiera obtenido de esta forma.

Se diferencia de la pena de suspensión en que, con esta, los efectos que se producen son los de la privación del ejercicio, pero no la incapacidad para ejercerlo una vez concluida o extinguida la misma, no perdiéndose, inicialmente el empleo desarrollado. No obstante, la Ley que regula en régimen de los funcionarios determina que la imposición de esta pena conlleva la pérdida del puesto de trabajo.

A los efectos que nos interesa, la pena de inhabilitación especial de empleo o cargo público conlleva, únicamente, la imposibilidad de obtener y ejercer el mismo empleo o cargo que venía desarrollándose cuando se producen los hechos objeto de condena y durante el tiempo que dura aquella, extendiéndose, si la pena es de prisión de diez años, o más, durante el tiempo que se prolongue esta. Lo que no impide esta pena es que, concluido el plazo de condena de prisión o extinguido el plazo de condena de inhabilitación impuesto, se pueda volver a obtener el mismo empleo o cargo público que se desarrollaba cuando se cometió el delito, u otro, si este no se hubiera determinado en la condena de forma precisa.

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Así las cosas, un alcalde, un concejal, un diputado, un alto cargo de la administración o un mero funcionario, habiéndosele impuesto la pena de inhabilitación especial por la comisión de un delito, una vez se extinga la misma podrá volver a ejercer el empleo o cargo público si así lo deciden los electores o es nombrado como alto cargo en una administración u obtiene una plaza como funcionario, pudiendo ejercer cualquier otro cargo o empleo público diferente durante el período de inhabilitación especial si no se determina expresamente que no pueda llevarlo a cabo.

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3 respuestas a “LA PENA DE INHABILITACION ESPECIAL PARA EMPLEO O CARGO PUBLICO.

  1. ME PARECE QUE SE INCURRE EN UN ERROR AL SEÑALAR QUE PUEDE VOLVER A DESEMPEÑARSE EN EL MISMO U OTRO CARGO POR QUE EL ESTATUTO ADMINISTRATIVO INDICA CLARAMENTE QUE PARA INGRESAR A LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA NO DEBE TENER NINGUNA CONDENA NI SIMPLE DELITO.
    LEY 18834 LETRA F) No estar inhabilitado para el ejercicio de funciones o cargos públicos, ni hallarse condenado por delito que tenga asignada pena de crimen o simple delito.

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