LA SOLICITUD DE PRÁCTICA DE PRUEBA TRAS EL DICTADO DEL AUTO DE CONVERSIÓN DE LAS DILIGENCIAS PREVIAS EN PROCEDIMIENTO ABREVIADO

En diversas ocasiones se reproduce una situación que puede dejar sin algunos argumentos probatorios al letrado que sostiene la inocencia de su patrocinado. Esta situación se contempla cuando se dicta el auto de conversión de las Diligencias Previas en Procedimiento Abreviado. Evidentemente, en iguales circunstancias nos encontramos en el supuesto de cierre del sumario en el procedimiento ordinario,

 

Conforme a lo expuesto en la STS 44/2015, de 29 de enero, la Ley procesal regula la cuestión relativa a la propuesta y admisión de pruebas en las causas penales por parte de la acusación y defensa de una forma tal que ha de interpretarse siempre desde la perspectiva de la búsqueda de la verdad material, a la que tiende el proceso, y teniendo en cuenta los principios de igualdad de armas y contradicción, y además, todo ello, en relación el adecuado ejercicio del derecho de defensa.

El procedimiento penal ha de prescindir de rígidos formalismos, en favor de dicha búsqueda de la verdad material, por lo que ha de admitirse la proposición y admisión de pruebas, incluso después de los escritos de conclusiones y antes del juicio oral, siempre que, como ocurre en el caso, existan razones para ello.

Sentencias como la del Tribunal Supremo de 20 de mayo de 2008 (TJ 2008/4387) referida a un supuesto de prueba propiamente sumarial, justifican tal solución. La citada sentencia trataba de una comisión rogatoria que se solicitó en el escrito de defensa.

“Tal fase del proceso –se lee en esta sentencia-, perfectamente idónea en otro tipo de procedimientos, tiene un significado especial cuando se trata del procedimiento ordinario. Y es que el traslado para la formulación del escrito de defensa se produce cuando ya el juicio oral está abierto, se ha prestado conformidad al auto de conclusión del sumario y, precisamente por ello, ya ha decaído la competencia funcional del Juez Instructor, cuya investigación se ha declarado formalmente cerrada a partir de la ratificación por la Audiencia Provincial del auto de conclusión del sumario (artículos 630, 632 y 651 de la LECrim.).

De ahí que el escrito de defensa, si se ha consentido el auto de conclusión del sumario y no se ha instado formalmente su revocación, no permita la retroacción del procedimiento resucitando una competencia para la investigación del delito que ya no tiene el Juez de Instrucción y que nunca podrá tener la Audiencia Provincial.

Consentir el auto de conclusión del sumario supone aceptar que el régimen jurídico de la declaración de pertinencia de las pruebas propuestas ya no mira a la realización de actos genuinamente instructorios – y la petición de una comisión rogatoria dirigida a EEUU lo es-, sino a los actos de prueba que hayan de practicarse en el acto de juicio oral (artículos 659 y 728 de la LECrim.) o cuya procedencia surja ex novo obligando a practicar una sumaria instrucción suplementaria (artículo 746.6 LECRim.).”

Por ello, conforme a la Sentencia del Tribunal Constitucional 66/1989, de 17 de abril cuando al procesado le fue notificado el auto de concusión del sumario (o en su caso el conversión en Procedimiento Abreviado), “pudo entonces, al amparo de la lectura constitucional de esa fase proclamada, propugnar cuantos actos de investigación complementaria considerara oportunos.”

Como es sabido, aquella sentencia llevó a cabo una interpretación integradora del repetido artículo 627 de la LECrim., precisamente para dar oportunidad a los procesados, no sólo de solicitar y razonar la procedencia del sobreseimiento, sino de interesar, en su caso, la práctica de nuevas diligencias de las rechazadas, que pudieran ser pertinentes.

Es evidente, por tanto, que el momento de solicitud de práctica de la diligencia de instrucción cuando se dicta el auto de conversión en Procedimiento Abreviado es correcto y no extemporáneo, causando una limitación del derecho de defensa si se negara la práctica de diligencias de prueba en dicho momento y se remitiera al escrito de defensa la solicitud de dicha práctica que no le correspondería llevar a cabo al Juzgado de lo Penal, puesto que se tratarían de diligencias de instrucción.

Así pues, al margen de la prueba cuya práctica no requiere actividad alguna de instrucción la cual se puede solicitar en el escrito de conclusiones o, incluso, al inicio de las sesiones del juicio oral, la solicitud de la práctica de las  diligencias instructoras solicitadas que deberían de practicarse antes del dictado del auto de apertura de juicio oral y de la firmeza del auto de conversión en procedimiento abreviado pueden ser estimadas y provocar la revocación del dicho auto siempre que ello esté razonablemente justificado, no suponga un fraude procesal, y no constituya un obstáculo al principio de contradicción ya que el régimen legal que articula un determinado período de prueba dentro del proceso debe entenderse acomodado a las exigencias constitucionales.

Así el Tribunal Constitucional, STC 149/1987, de 30 de septiembre, viene a declarar que “desde una perspectiva constitucional, ha de admitirse, en atención al derecho de defensa y a la proscripción de la indefensión (artículo 24 de de la CE), que la posibilidad de proponer prueba en el proceso penal ha de entenderse ampliada hasta el mismo acto de juicio oral, como expresamente permite el artículo 793.2 (786.2 actual) de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el Procedimiento Abreviado.


2 respuestas a “LA SOLICITUD DE PRÁCTICA DE PRUEBA TRAS EL DICTADO DEL AUTO DE CONVERSIÓN DE LAS DILIGENCIAS PREVIAS EN PROCEDIMIENTO ABREVIADO

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